Cago ganado por Nulidad por Usura en Microcrédito contra ID Finance Spain

Sentencia ganada por Reclama Abogados contra ID Finance Spain

Nulidad por Usura en Microcrédito ID Finance Spain

Contexto y objeto de litigio

El procedimiento tiene por objeto la impugnación de un contrato de microcrédito celebrado el 11 de febrero de 2023 entre un consumidor y la empresa ID Finance Spain S.L.U., conocida por operar en España bajo marcas como MoneyMan.

El actor (consumidor) interpone demanda de juicio verbal, solicitando:

1. Declaración de nulidad del contrato por usura, conforme a la Ley de Represión de la Usura de 1908 (LRU).

2. Subsidiariamente, que se declaren abusivas y nulas las cláusulas relativas a:

   Interes remuneratorio y comisiones por retraso o impago

3. Devolución de cantidades pagadas en exceso y condena en costas a la demandada.

El microcrédito litigioso era de 200 €, con un TIN del 327,60 % y una TAE del 1711,09 %.

Argumentos de las partes

Demandante

• Alega usura manifiesta, al superar el interés del contrato (1711,09 %) el interés medio de los créditos al consumo del Banco de España (4,65 %) en 2023.

• Solicita nulidad radical del contrato y restitución de cantidades.

• En su defecto, pide la nulidad de las cláusulas de intereses y comisiones por impago, por falta de transparencia y carácter abusivo.

Demandada ID Finance Spain SLU

• Aduce que el interés no es usurario, sino “normal en el mercado de los microcréditos”.

• Invoca informes de la Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP) para justificar que este tipo de producto tiene un mercado propio y mayor riesgo.

• Sostiene que las cláusulas son transparentes y que el cliente aceptó voluntariamente las condiciones, contratando incluso en más de una ocasión.

• Impugna la cuantía del procedimiento, alegando que debía ser determinada (200 € o 9,10 €) y no indeterminada.

Cuestiones previas

La jueza analiza la impugnación de la cuantía (art. 251.3.8 LEC) y concluye que:

• El importe del contrato (200 € más intereses) sí permite determinar la cuantía (209,10 €).

• Sin embargo, ello no afecta al cauce procesal del juicio verbal ni impide entrar en el fondo del asunto.

Esta cuestión se resuelve conforme a la STS de 25 de julio de 2023, que considera la cuantía como instrumental (sirve para delimitar el procedimiento, pero no afecta al fondo).

Cuestión de fondo Usura del contrato

Determinación del interés normal del dinero

El punto central del caso es si el TAE del 1711,09 % es “notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”, conforme al artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura de 1908.

• La juez rechaza el criterio de la AEMIP (asociación privada de prestamistas).

• Aplica el criterio del Tribunal Supremo en las SSTS de 25 de noviembre de 2015 (EVO Finance) y 4 de marzo de 2020 (WiZink).

• Concluye que el término de comparación válido son las estadísticas del Banco de España sobre créditos al consumo inferiores a un año (4,65 % en 2023).

Comparando el 1711,09 % TAE del contrato con el 4,65 % TAE medio, el resultado es un interés 368 veces superior al normal del dinero.
Por tanto, el contrato es manifiestamente usurario.

Carga de la prueba

La sentencia recuerda que corresponde a la entidad prestamista demostrar circunstancias excepcionales que justifiquen un tipo de interés tan elevado.
ID Finance no acredita tales circunstancias.

Consecuencias de la declaración de Usura

Aplicando el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, la juez dispone que:

• El contrato se declara nulo de pleno derecho.

• El prestatario solo debe devolver el capital efectivamente recibido.

• El prestamista debe restituir todo lo cobrado en exceso, con intereses legales desde la interposición de la demanda.

En este caso

• Capital prestado: 200 €

• Total pagado: 209,10 €

• Cantidad a devolver por ID Finance: 9,10 € + intereses legales

Costas procesales

La juez impone las costas a la demandada, aplicando el art. 394 LEC, al no existir dudas de derecho.

Valor juridico y relevancia práctica

a) Relevancia

Esta sentencia es plenamente alineada con la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre la usura en microcréditos y préstamos rápidos, consolidando la tendencia de los tribunales de:

• Rechazar informes de asociaciones privadas como AEMIP.

• Comparar los intereses de microcréditos con los tipos oficiales del Banco de España.

• Considerar usurarios los intereses que superen varias veces el tipo medio de los créditos al consumo.

b) Efectos para los consumidores

• Refuerza la protección del consumidor frente a micropréstamos con TAE desorbitadas.

• Abre la vía para reclamar la nulidad y devolución de intereses en miles de contratos de empresas como ID Finance (MoneyMan, Plazo, etc.).

c) Efectos para las entidades financieras

• Los jueces ya no aceptan el argumento del “mercado propio” de microcréditos.

• Las empresas deberán revisar sus políticas de concesión y reducir los intereses si quieren evitar demandas masivas por usura.

La Sentencia 308/2024 del Juzgado de Torrent declara nulo por usura el microcrédito concedido por ID Finance Spain S.L.U. con un TAE del 1711,09 %, al considerar que dicho interés es notablemente superior al normal del dinero (4,65 %), sin justificación objetiva.

Aplica la Ley de Represión de la Usura de 1908, la doctrina del Tribunal Supremo (2015 y 2020) y la jurisprudencia menor consolidada, reforzando la tendencia judicial de proteger a los consumidores frente a los microcréditos abusivos.

 

SENTENCIA GANADA

Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Torrent 

Plaza LLIBERTAT, 14 , 46900, Torrent, Tlfno.: 961926810, 

N.I.G: 4624442120240006…

Tipo y número de procedimiento: Juicio verbal (250.2) 12../2024. Negociado: G 

Materia: Obligaciones: otras cuestiones 

Demandante D.S. R. J.  

Abogado/a:  

Procurador/a: D.L. R. RAGA 

Demandado D./Dª.ID FINANCE SPAIN SLU  

Abogado/a: D.A. M. C. 

Procurador/a: D.F. J. A. R. 

SENTENCIA N.º 308/2024 

Juez: D./Dª.M. J. F. M.

En Torrente a quince de noviembre de dos mil veinticuatro 

Vistos por mí, Dª Mª J. F.M., Magistrado-Juez del Juzgado de Primera  

Instancia número seis de Torrente y su partido, los autos de juicio verbal seguidos en este  Juzgado y registrados bajo el número 1273/24 a instancia de D S. R. J.  representado por el Procurador Sra R. y defendido por el letrado Sr Gil frente a la entidad  Idfinance Spain SAU representada por el Procurador Sr A. y defendida del letrado Sra  M. y, atendiendo a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la parte actora se interpuso demanda de juicio verbal, alegando los  hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se  dicte sentencia por la que se declare: A. La nulidad radical del contrato de fecha 11/02/2023  por tratarse de un contrato usurario con los efectos inherentes a tal declaración de conformidad  con el artículo 3 de la Ley de represión de la usura. B. Subsidiariamente, y para el supuesto de  no estimarse la nulidad del contrato por usura, declare la abusividad y nulidad de las siguientes  clausulas: 29 1. Nulidad clausula interés remuneratorio: Declarando la procedencia de  restitución entre las partes de las operaciones realizadas durante toda la vida del préstamo. Y  en atención a los siguientes supuestos: Si los pagos del consumidor no hayan sido suficientes  para compensar el importe de la disposición éste vendrá obligado a continuar pagando las  cuotas pactadas, sin aplicación de interés alguno. Si el pago de las cantidades realizado en  concepto de cuotas supera el capital dispuesto, la entidad deberá restituir lo abonado en exceso.  

 

2. 2. Nulidad de la Cláusula de comisiones por retrasos o impagos: cláusula 5.11 de las  condiciones particulares del contrato y 14.1 de las condiciones generales teniendo dicha  cláusula por no puesta y condenando a la entidad a la restitución a mi mandante de las  cantidades abonadas en exceso por aplicación de la cláusula declarada nula, junto con los  intereses legales desde la realización del pago. C. Todo ello con expresa condena en costas a  la demandada.  

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se confirió traslado de la misma a la  parte demandada, en cuyo nombre y representación compareció el Procurador Sr Agudo,  presentando escrito de contestación, en el que tras alegar los hechos y fundamentos de  derechos, solicitó se dicte sentencia por la que se desestime la demanda con imposición de  costas a la parte actora.  

No habiéndose interesado por ninguna de las partes la celebración de la vista, y no  considerándose necesaria su celebración, quedaron los autos conclusos para sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Ejercita la parte actora acción de declaración de nulidad del contrato de  microcrédito de fecha 11 de febrero de 2023 suscrito entre las partes por tratarse de un contrato  usurario, y subsidiariamente interesa se declare la abusividad y nulidad de las clausulas  relativa a interes remuneratorio y comisión por impago, pretensión que fundamenta en síntesis  en los siguientes hechos: 

En fecha 11/02/2023 la entidad Id Finance y su representado suscribieron contrato de  préstamo nº49136.. mediante formulario que le fue entregado y cumplimentado por un  comercial de la entidad., sin más información que la explicada por el mismo comercial. Que  tras requerir a la entidad de un cuadro de amortización histórico completo así como toda la  información documental relativa a dicho contrato, mediante carta de fecha 20/10/2023, la  entidad actualmente titular del crédito no ha dado cumplimiento a su obligación.  

 

En el contrato objeto de litis y en cuanto a las condiciones relevantes del clausulado,  se establece un Tin del 327,60% y un Tae del 1711,09%. Se ejercita la acción de nulidad  amparada en la Ley de Represión de la Usura. El carácter indudablemente usurario del  préstamo resulta de la comparación del TAE aplicado en el contrato, con los tipos publicados  pa operaciones de credito al consmo hasta un año que en el año 2023 estaban en 4,65%, y  publicados por las tablas de tipo de interés del Banco de España. Por tanto, es indudable que  el interés aplicado es usurario, y en consecuencia nulo, pues es muy superior al interés medio  de los créditos al consumo en la fecha en que se concertó el contrato, que es aplicable a los  microcréditos, créditos rápidos o instantáneos o productos similares, incrementando  significativamente el porcentaje de lo que debe considerarse el interés normal de dinero.  

De forma subsidiaria, y partiendo de la condición de consumidor del actor, interesa la  declaración de nulidad de las cláusulas relativas a interes remuneratorio y comisión por  impago. La parte actora formuló reclamación previa a la entidad. 

SEGUNDO.- La parte demandada en su escrito de contestación se opone a tal  pretensión, alegando en síntesis como cuestiones previas, la fijación de la cuantia, y, en cuanto  al fondo niega la existencia de usura, al estar ante un interés normal en el sector de los  microprestamos. El interés del dinero al que se refiere el articulo 1 LRU no es el interés legal del dinero propiamente dicho, ni tampoco el interés aplicado en un préstamo al consumo, sino  que se refiere al interés de mercado ofrecido ahora de concesiones de crédito o préstamos en  condiciones semejantes, debiendo acudir al interés normal del mercado dentro del ámbito  circunscrito al de los minicréditos, acompañando informe de la Asociación española de  Micropréstamos (Aemip). 

En resumen entiende que el producto ofrecido por su representada  es un producto sui generis que no puede ser comparado con otros existentes en el mercado  para establecer el interes normal del mismo. Y en consecuencia comparándose con productos  similares, en el presente caso, el intres fijad no puede considerarse notablemente superior al  normal para este tipo de productos, y por ende no puede considerarse la existencia de usura. 

En relación a las cláusulas

Respecto a las cláusulas que la parte actora solicita sean declaradas nulas por abusivas,  estas son formal y materialmente transparentes porque reflejan adecuadamente la carga  juridica y economica asumida por el cliente y fueron aceptadas libre y voluntariamente por el  mismo. Ademas la actora ha contratado en reiteradas ocasiones el mismo tipo de producto. Y  su representada en fecha 26 de octubre de 2023 dio respuesta su reclamación extrajudicial,  ofreciendo una solución amistosa del asunto, sin que conste respuesta por la actora a la  contraoferta. Interesa por ello, la desestimación de la demanda.  

TERCERO.- Se plantea en primer lugar por la demandada como cuestión previa la  impugnación de la cuantia, por entender que la demanda que se presentó por los cauces del  juicio verbal como de cuantia indeterminada, es perfectamente determinable, pudiendo ser  fijada conforme al articulo 251.8 lec en base al importe contractualmente prestado de 200  euros, o subsidiariamente en el importe pactado en concepto de interes remuneratorios, esto  es 9,10 euros.  

A tal efecto la STS de 25 de julio de 2023 sobre el trámite procesal en que debe  resolverse la discrepancia sobre la cuantía del procedimiento ha señalado que la cuantía tiene  un carácter meramente instrumental ya que no constituye un fin en sí mismo, sino una premisa  para el examen de otros presupuestos procesales. 

 

De ahí se sigue el trámite en que debe  resolverse las posibles discrepancias: » en el juicio ordinario, la determinación por el juez de  la cuantía de la demanda debe realizarse en la audiencia previa cuando haya sido impugnada  por el demandado en la contestación a la demanda ( art. 255.2 en relación con elart. 422, ambos  de la LEC) y esa cuantía sea relevante para determinar el cauce procesal por el que debe  tramitarse el litigio o el acceso al recurso de casación ( art. 255.1 LEC ).» y en el caso que la  incorrecta fijación de la cuantía de la demanda no afecta al procedimiento que debe seguirse  ni a la procedencia del recurso de casación, «el demandado no tiene la carga de impugnar la  cuantía recogida en el decreto de admisión de la demanda (ya sea la expresada en la demanda  o la rectificada por el LAJ en uso de las facultades que le atribuye el art. 254 LEC), que carece  a estos efectos de fuerza de cosa juzgada sobre este extremo, ni el juez tiene que fijar la cuantía  correcta en la audiencia previa», ahora bien , «ello no obsta a que el demandado pueda  manifestar su disconformidad con la cuantía del procedimiento fijada en la demanda también  en los casos en que la fijación de esa cuantía no afecte a la clase de procedimiento a seguir ni  al acceso a los recursos condicionado por la cuantía del procedimiento y que el juez, cuando  considere que ello favorece el buen orden del proceso, pueda resolver sobre esta cuestión en  la vista del juicio verbal, o en la audiencia previa al amparo de lo previsto en el art. 425 LEC,  y que, en tal caso, la cuantía del procedimiento quede ya fijada en la fase declarativa del  proceso.» 

En el presente caso nos encontramos ante un contrato de micropréstamo cuya cuantia  puede determinarse en aplicación del criterio del art 251.3.8 Lec, entendiendo que el total de   lo debido, es la totalidad del contrato, puesto que es la nulidad del titulo, ( a efectos practicos  capital del prestamo mas intereses), que en el caso examinado, y conforme al cuadro de  liquidación que se aporta totaliza un total de 209,10 euros. 

Resuelta tal cuestión y por lo que al fondo del asunto se refiere, no se discute por las  partes la suscripción del contrato de micropréstamo objeto de litis en fecha 11/02/2023. De su  clausulado se extrae que la Tae del contrato fue de 1711,09%, siendo el capital de 200 euros. 

Se interesa con carácter principal la nulidad del referido contrato por aplicación de la  Ley de Represión de la Usura.  

Se trae a colación la SAP de Asturias Secc 5 de 15 de marzo de 2023 cuya  argumentación a continuación se reproduce y que resulta plenamente aplicable al caso  examinado: 

“ (….) SEGUNDO.- Expuesto lo anterior, ha de limitarse la Sala a la remisión de la  fundamentación contenida en la sentencia dictada en el rollo de Sala 469/2022; en este sentido  en esta resolución habíamos declarado: «Pues bien, expuestos los términos del debate debe  señalarse que esta Sala en la sentencia de 17 de junio de 2.022 ante un supuesto de  micropréstamo declaró: «En el presente supuesto el préstamo concertado tenía una TAE del  2.300%, siendo el interés de los préstamos al consumo del 8,30% y los relativos a tarjetas de  crédito estaban en el 20,80%. 

La apelante considera que debe tenerse en cuenta que nos  encontramos ante microcréditos que tienen un mercado específico y que no pueden ser  contrastados con los intereses citados, criterio que no se comparte; y así, señala la sentencia  de esta Sala de 17 de diciembre de 2.02 que «La sentencia recurrida estimó parcialmente la  demanda rectora del procedimiento dirigida contra 4finance Spain Financial Services, S.A.U  en su pretensión principal, declarando la nulidad de ocho contratos de préstamo celebrados  entre junio de 2.017 y marzo de 2.020 entre los litigantes, todo ello de acuerdo con lo  establecido en los arts. 1 y 3 de la Ley de 23 de julio de 1.908, de Represión de la Usura, por  ser el interés estipulado notablemente superior al normal del dinero y no venir justificado por  las circunstancias del caso. El interés TAE de los contratos se encontraba en la horquilla entre  el 2.830% y el 30.600%. En la sentencia recurrida contrasta aquellos intereses con una  certificación emitida por la Asociación Española de Micro-Préstamos en el que indicaba que  el promedio de un préstamo de 300 euros a devolver en 30 días ascendió a 3.075,61% en mayo  de 2.020 y a 2.662% en 2.017. 

Y los que no se acomodaban a dicha cantidad y período los  contrastó con los tipos de interés medio para los préstamos de consumo, lo que le condujo a  declarar la nulidad de la totalidad de los préstamos impugnados, con excepción del celebrado  el 1 de enero de 2.018 con una interés del 2.530% TAE. Frente a la citada sentencia formula  recurso de apelación el demandante, reiterando la petición de nulidad también de éste contrato  y la imposición de las costas de la primera instancia a la parte demandada; y la citada sentencia  añadió: «Este Tribunal ya abordó en la sentencia citada en el recurso la nulidad por usura de  contratos análogos a los que ahora nos ocupa. Se señalaba que era obligado partir de las  premisas contenidas en las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2.015 y  4 de marzo de 2.020. Establece la primera de dichas sentencias y sintetiza la segunda los  siguientes criterios:  

 1) Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con  que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la  Usura esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y   manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que,  acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación  angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».  

 2) Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio  «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de  tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del  dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en  consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del  préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.  

 3) Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, el  interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». Para establecer  lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de  España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las  entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de  operaciones activas y pasivas.  

 4) Corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de  circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un interés notablemente  superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.  

 5) No pueden considerarse como circunstancias excepcionales que justifiquen  un interés notablemente superior al normal del dinero el riesgo derivado del alto nivel de  impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin  comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión  irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que  facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes  cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado  nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.  

 6) Finalmente, como precisa la segunda de las sentencias citadas, para  determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la  comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe  utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente  a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. Y si existen categorías  más específicas dentro de otras más amplias, deberá utilizarse esa categoría más específica,  con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del  crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito,  garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son  determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.  

 En aquella resolución antes citada rechazamos que pudiera compararse el interés TAE fijado en los contratos con un certificado expedido por una Asociación Española  de Minipréstamos, que carece de un mínimo de rigurosidad y se limita a situar los rangos entre  quince empresas de crédito comparadas, sobre las que parece realizar una media aritmética.  La demandada viene a sostener la especificidad de estos créditos que justifican en su corta  duración, dificultad de comprobar la solvencia del prestatario y su coste en este tipo de  contratos lo que genera un mayor riesgo. Pero lo cierto es que ya estas dos últimas  circunstancias fueron rechazadas por la STS de 25 de noviembre de 2.015 para justificar la  elevación del interés hasta un nivel notablemente superior al normal del dinero. Y en relación con el principio de especificidad que proclama la segunda de las sentencias citadas para  determinar la referencia del «interés normal del dinero», lo cierto es que, además de rechazarse  como valor referencial el reflejado en el certificado aportado por la recurrente relativo a  sociedades no sujetas a supervisión que en todo caso lleva a comprarlo con el interés medio  de los préstamos al consumo, ha de decirse que aquel criterio de especificidad no puede  justificar unos intereses desorbitados como los que nos ocupan, que llegan a multiplicar por  mil (TAE del 30.600%) aquel referido al medio de las tarjetas de crédito y revolving respecto  del que la sentencia del TS de 4 de marzo de 2.020 ya calificaba de muy elevado. Tampoco  pueden acogerse las alegaciones de la demandada que aduce la inconveniencia de utilizar el  TAE del contrato para determinar el interés, debiendo remitirnos a lo razonado en las citadas  sentencias del Tribunal Supremo. Como tampoco podemos entender concurrente una  contravención del orden público interno y el orden público económico comunitario, al infringir  la libertad de mercado y de fijación de precios, que, sostiene, no puede ponerse en tela de  juicio por mor de una interpretación normativa que cuestiona la libertad de precio de mercado. 

 

 Conviene recordar que el artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el  marco de la economía de mercado y los artículos 26,101 y 102 del TFUE regulan la libertad  de competencia en el mercado interior. El TJUE da respuesta al interrogante que plantea la  recurrente en el auto de 25 de marzo de 2.021 en el asunto C-503/20 en el que se declara que  la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1.986, relativa a la aproximación  de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en  materia de crédito al consumo, en su versión modificada por la Directiva 90/88/CEE del  Consejo, de 22 de febrero de 1.990, y la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del  Consejo, de 23 de abril de 2.008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se  deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que no se  oponen a una normativa nacional, tal y como la interpreta la jurisprudencia nacional, que  establece una limitación de la tasa anual equivalente que puede imponerse al consumidor en  un contrato de crédito al consumo con el fin de luchar contra la usura, siempre que esta  normativa no contravenga las normas armonizadas por estas Directivas en lo que en particular  se refiere a las obligaciones de información. Y, por otra parte, no puede desconocerse que el  Tribunal Supremo (STS de 18 de junio de 2.012 y 22 de febrero de 2.013) viene estableciendo  que «el control que se establece a través de la ley de represión de la usura no viene a alterar ni  el principio de libertad de precios, ni tampoco la configuración tradicional de los contratos,  pues dicho control, como expresión o plasmación de los controles generales o límites del  artículo 1.255, se particulariza como sanción a un abuso inmoral, especialmente grave o  reprochable, que explota una determinada situación subjetiva de la contratación». En análogo  sentido se pronunció la sentencia de la Sección 6.ª de esta Audiencia Provincial de 13 de  febrero de 2.023 siendo partes quienes lo son en este procedimiento. 

 La aplicación del criterio expuesto determina la estimación del recurso, con la declaración de nulidad del contrato impugnado, lo que a su vez comporta la imposición de las  costas procesales de la primera instancia a la parte demandada, de acuerdo con lo dispuesto en  el art. 394 LEC al no apreciarse dudas de derecho que pudieran justificar apartarse de la regla  general prevista en el».  

 En idéntico sentido se pronuncia la SAP de Madrid Secc 25 de fecha 14 de  febrero de 2023 al señalar: 

“ (…) La recurrente discrepa de esa conclusión por no ser asumible el término de  comparación establecido en la Sentencia recurrida, tablas Banco de España relativas a tarjetas  de pago aplazado, por no tener similitud con los microcréditos aquí analizados, motivo por el  que, a su criterio, el término de comparación debe ser el aplicado en microcréditos con  referencia a información Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP). 

 La cuestión planteada por impugnante ha sido analizada en Sentencias de la Sección 28 de esta Audiencia Provincial de Madrid, entre otras las de 19 de diciembre 2022 ,  30 de noviembre 2022 , 24 de junio 2022 y de 13 de mayo 2022 que establece: «… 5.- El  Tribunal Supremo en su sentencia de Pleno núm. 149/2020 de 4 de marzo, fijó doctrina sobre  el término comparativo a tener en cuenta para enjuiciar si el interés controvertido es  notoriamente superior al normal del dinero, en los términos que prevé el artículo 1 de la  Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura (LRU). Al respecto la jurisprudencia  señala que deben utilizarse las categorías más específicas, siempre que éstas existan.  

 6.- Según nos enseña la jurisprudencia, las estadísticas del Banco de España son una fuente adecuada para determinar los tipos medios de mercado con los que efectuar la  comparación. Al respecto, la STS núm. 149/2020 de 4 de marzo extractó algunos  pronunciamientos de la STS núm. 628/2015 de 25 de noviembre, entre ellos el siguiente: «Para  establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el  Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle  las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de  operaciones activas y pasivas».  

 7.- La sentencia recurrida parte de la premisa de que el microcrédito es una categoría crediticia con perfiles propios dentro de la más general de los créditos al consumo,  por lo que toma en consideración la TAE media de este tipo de producto según informe  aportado por la Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP). En los casos en que los  intereses controvertidos no presentan diferencias significativas con la media del mercado para  este tipo de producto, el juzgador concluyó que los préstamos controvertidos no eran usurarios.  

 8.- Sin embargo, las estadísticas del Banco de España no contemplan el microcrédito como categoría específica. La Sala considera al efecto, que las cuantías y plazos  de devolución reducidos no convierten esta modalidad de préstamo al consumo en una  categoría diferenciada. El hecho de que se exprese el coste total de la operación en euros,  tampoco es un elemento diferenciador, ya que se trata de dato puramente informativo. En fin,  la firma de un contrato con cada entrega de dinero es un circunstancia común a los créditos al  consumo no revolventes. Por tanto, consideramos adecuado utilizar, como elemento de  comparación, el TAE medio publicado por el regulador para los préstamos al consumo con  duración inferior a un año, que en el año 2017 se situó entre el un 3,18% y un 4,14%, según  los meses. Con arreglo a este razonamiento, resulta obvio que el interés de las operaciones  controvertidas es notablemente superior al normal del dinero.  

 

 9.- Compartimos con el recurrente que el informe de AEMIP no puede reunir los requisitos de imparcialidad que preside la actuación del órgano regulador. Por ello, el Tribunal  Supremo insiste en que debe acudirse a las estadísticas oficiales del Banco de España. El  objetivo es evitar que el «interés normal del dinero» resulte fijado por la actuación de  operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente  desorbitados, como ocurre en el presente supuesto. Además hay que tener en cuenta que las  estadísticas usadas como parámetro de referencia por la Sentencia, son elaboradas por una  Asociación privada, cuyos socios o partícipes son entidades similares a la demandada.  

 10.- En esa tesitura, corroboramos que el interés controvertido es notablemente superior al normal del dinero. En esas circunstancias, corresponde al prestamista la carga de  probar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de este  tipo de interés tan elevado, tal y como han declarado las SSTS núm. 628/2015, de 25 de  noviembre y 149/2020 de 4 de marzo. Esta prueba no ha tenido lugar en el caso que nos ocupa.   11.- Como la entidad demandada no ha justificado esas circunstancias excepcionales, hemos de declarar la nulidad de los préstamos en cuestión por usurarios, pues  la jurisprudencia indicada no exige cumulativamente que el préstamo haya sido aceptado por  el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus  facultades mentales….. «. 

 El criterio establecido en las Sentencias citadas, plenamente compartido por esta Sección, lleva a considerar usurario el interés retributivo establecido en los contratos  analizados por exceder notablemente del interés préstamo al consumo inferior al año conforme  a las tablas del Banco de España (año 2019/2,92 y año 2020/2,74), motivo que lleva a  confirmar la resolución recurrida, con estimación de la pretensión principal sin que sea  necesario analizar las pretensiones subsidiarias ejercitadas.” 

La cuestión también ha sido resuelta en la SAP de Valencia Secc 11 de fecha 15 de  julio de 2022 en la que se expresa que: “ (….) En este sentido el problema que se suscita es  que el Banco de España no publica un interés oficial para estos microcréditos, con lo cual de  seguir la tesis del Juez «a quo» y de la demandada la concreción del interés normal para  comparar al fijado en estos contratos quedaría al albur de los prestamistas, en esta idea, la  última sentencia citada del Tribunal Supremo, referida a los créditos revolving acudía a la  estadísticas del Banco de España para limitar que se cuantificase unos intereses desorbitados.  Correlacionando con la primera conclusión, en tanto que los micropréstamos son una  modalidad de crédito al consumo con lo expuesto en este párrafo se concluye que debe  compararse con los intereses recogidos en las tablas oficiales del Banco de España respecto a  los créditos al consumo, al no existir estadísticas específicas sobre los microcréditos…” 

Trasladando la anterior doctrina jurisprudencial al supuesto de autos, en el  microprestamo objeto de litis formalizado entre las partes en fecha 11/02/2023 se pactó un TAE del 1711,09%, . 

Así para determinar si el préstamo es usurario, el interés con el que ha de realizarse la  comparación es el «normal del dinero». Para establecer lo que se considera «interés normal»  hay que acudir a las estadísticas que publica el Banco de España, y en concreto con los  intereses recogidos en las tablas oficiales del Banco de España respecto a los créditos al  consumo, al no existir estadísticas específicas sobre los microcréditos, sin que el termino de  comparación pueda realizarse con la información facilitada por la AEMIP, conforme se recoge  en la jurisprudencia anteriormente transcrita y que se da por reproducida. 

El tipo medio que publica el Banco de España para los créditos al consumo de hasta  un año en el año 2023 era del 4,65% resultando obvio que el interés de la operación  controvertida es notablemente superior al normal del dinero, sin que de otro lado, la  demandada haya justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen  la estipulación de estos tipos de interés tan elevados, remitiéndonos a tal efecto a la  jurisprudencia señalada con cita a su vez de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

 Por todo ello, cabe apreciar el carácter usurario del contrato objeto de litis y,  en consecuencia, declarar su nulidad. La estimación de tal acción, conlleva la innecesariedad  de entrar a conocer de la acciones ejercitada de forma subsidiaria. 

CUARTO.- Declarada la nulidad del contrato por usura, y por disponerlo asi el  articulo 3 de la Ley de la Represión de Usura, el prestatario únicamente vendría obligado a  devolver el capital prestado y la entidad demandada deberá devolver a la actora, lo que,  tomando en cuenta el total de lo percibido por cualquier concepto, exceda del capital prestado,  por lo que, conforme al cuadro de liquidación que se acompaña, ascendiendo el importe del  prestamo a 200 euros, y habiendo satisfecho el actor la cantidad total de 209,10 euros ( en  concepto de capital mas intereses), la diferencia de 9,10 euros, es la cantidad que debe restituir  la demandada a la parte actora. Dicha cantidad devengará los intereses legales conforme a lo  dispuesto en el art. 1100, 1101 y 1108 del C Civil, desde la interposición de la demanda. 

QUINTO.- De conformidad con el art. 394 LEC, se imponen las costas a la parte  demandada. 

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO 

Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por de D S. R. J.  representado por el Procurador Sra Rubert y defendido por el letrado Sr Gil frente a la entidad  Idfinance Spain SAU representada por el Procurador Sr Agudo y defendida del letrado Sra  Mundo, debo declarar la nulidad por usurario del contrato formalizado entre las partes en fecha  11 de febrero de 2023 y, como consecuencia de tal declaración, condenar a la parte demandada  a abonar a la parte actora, la suma de 9,10 euros, mas los intereses legales desde la  interposición de la demanda, y el pago de las costas causadas. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN ante la  Audiencia Provincial de Valencia (artículo 455 LECn). El recurso se interpondrá ante el  tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días  contados desde el día siguiente a la notificación de aquella (articulo 458 LECn). En aplicación  de la Disposición adicional decimoquinta, introducida por la LOPJ, en la redacción dada a la  misma por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma  de la Legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se indica a la parte  de la necesidad de la constitución de un depósito de 50 euros para recurrir la resolución bajo  apercibimiento de inadmisión.  

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.