Sentencia Ganada contra Carrefour Tarjeta Pass Declarada Nula por Falta de Transparencia Reclama Abogados

¿Qué ha resuelto el tribunal en este caso?

El Tribunal de Instancia de Quart de Poblet ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por nuestro cliente contra Servicios Financieros Carrefour E.F.C. S.A. y ha declarado la nulidad del contrato de tarjeta Pass por falta de transparencia.

El contrato aplicaba inicialmente una TAE del 18,99% que posteriormente se elevó unilateralmente al 21,99%. El tribunal concluye que la cláusula de intereses es incomprensible para un consumidor medio y que las condiciones de modificación unilateral del contrato generan un desequilibrio insostenible.

Las consecuencias prácticas para nuestro cliente son:

• Solo está obligado a devolver el capital que efectivamente dispuso
• Carrefour debe restituirle todas las cantidades cobradas por encima del capital
• Las costas del procedimiento son íntegramente a cargo de Carrefour

¿Por qué el tribunal declara nulo el contrato? Los dos motivos clave

1. La cláusula de intereses es incomprensible para un consumidor medio

La cláusula 12.2 del contrato regulaba los intereses remuneratorios mediante una fórmula matemática que el tribunal califica expresamente de incomprensible para un consumidor medio. El tribunal señala que el contrato somete al consumidor a un «bombardeo de cláusulas» sin resaltar las condiciones esenciales, sin explicación clara y sencilla, y sin que se acredite que se ofreció información suficiente ni previa ni durante la contratación.

Además, el contrato fue ofrecido por un comercial de Carrefour que explicó únicamente que la tarjeta permitía hacer compras y disponer de dinero en cajeros, sin informar adecuadamente sobre el funcionamiento del crédito revolving ni sobre el coste real de aplazar el pago.

2. La cláusula de modificación unilateral genera desequilibrio absoluto

El tribunal considera que la posibilidad que se otorga a Carrefour de modificar unilateralmente cualquier condición del contrato (incluyendo los intereses remuneratorios ) con solo comunicarlo al cliente y dando la modificación por aceptada si el cliente no responde por escrito en el plazo que la propia entidad fija, resulta «de todo punto insostenible, desproporcionado y falto de justificación». Además, Carrefour podía resolver el contrato sin alegar causa alguna con solo dos meses de preaviso, mientras que el consumidor no tenía una facultad equivalente.

¿Cuál es la diferencia entre nulidad por usura y nulidad por falta de transparencia?

Esta sentencia es especialmente relevante porque la nulidad no se declara por usura (vía que habría requerido comparar la TAE con el tipo medio de mercado) sino por falta de transparencia en las condiciones generales del contrato. Son dos vías distintas con el mismo resultado práctico.

¿Qué argumentó Carrefour y por qué no prosperó?

Carrefour planteó cuatro argumentos de defensa que el tribunal rechazó:

«El cliente contrató libremente y con pleno consentimiento» — Rechazado. En los contratos de adhesión lo relevante no es que el cliente firmara, sino si realmente pudo comprender la carga económica y jurídica de lo que contrataba. Firmar no equivale a comprender.

«La TAE estaba claramente indicada en el contrato» — Rechazado. La transparencia formal (que la TAE aparezca escrita) no es suficiente — se exige también transparencia material: que el consumidor pueda comprender realmente el funcionamiento del mecanismo de intereses y sus consecuencias económicas.

«Se entregó información normalizada europea y extractos mensuales» — Rechazado. El tribunal concluye que esa documentación no suplía la falta de explicación clara en el momento de la contratación, especialmente cuando el comercial solo informó de que la tarjeta permitía comprar y disponer de efectivo.

«El cliente usó la tarjeta durante 3 años sin manifestar disconformidad» — Rechazado. El uso continuado de la tarjeta no implica aceptación de unas condiciones que el consumidor no pudo comprender adecuadamente en el momento de la contratación.

¿Tienes o has tenido una tarjeta Pass de Carrefour u otra tarjeta similar?

Esta sentencia es relevante para cualquier persona que tenga o haya tenido una tarjeta de crédito revolving contratada en un establecimiento comercial (no solo de Carrefour sino de cualquier gran superficie o entidad que utilice condiciones generales de contratación opacas o incomprensibles)

Señales de que tu tarjeta puede tener un problema de transparencia:

 

¿Cuánto dinero puedes recuperar?

La consecuencia de la nulidad por falta de transparencia es la misma que en la nulidad por usura: solo estás obligado a devolver el capital que realmente recibiste o dispusiste. Todo lo que pagaste por encima de ese capital como intereses, comisiones, seguros vinculados debe ser restituido por la entidad.

En tarjetas revolving con varios años de uso, el importe de intereses pagados puede superar ampliamente el capital original. Hay casos en los que el cliente ha pagado el doble o el triple del capital dispuesto en intereses y todo ese exceso es recuperable.

¿Tienes o has tenido una tarjeta Pass de Carrefour u otra tarjeta de gran superficie con intereses elevados?

Esta sentencia demuestra que es posible recuperar todos los intereses pagados cuando el contrato no cumple los requisitos de transparencia exigidos por la ley. En Reclama Abogados analizamos tu contrato de forma gratuita y te decimos con claridad si tienes base para reclamar y cuánto podrías recuperar. Sin costes iniciales. Solo cobramos si ganamos. Consulta gratuita y sin compromiso. Contáctanos hoy.

Preguntas frecuentes sobre la tarjeta Pass de Carrefour y falta de transparencia

 ¿Puedo reclamar aunque haya cancelado la tarjeta?

Sí en muchos casos. La acción de nulidad por falta de transparencia no prescribe mientras el contrato estuvo vigente, y en algunos casos puede reclamarse incluso después de cancelado si no ha prescrito la acción de restitución. El plazo general es de cinco años. Consúltanos para analizar tu caso concreto.

 ¿La tarjeta Pass de Carrefour es una tarjeta revolving?

Sí. La tarjeta Pass de Carrefour funciona en modalidad revolving cuando se utiliza la opción de crédito, el saldo no pagado genera intereses que se capitalizan mes a mes, lo que puede hacer que la deuda crezca aunque se pague regularmente la cuota mínima.

 ¿Puedo reclamar si el comercial de Carrefour me dijo que era solo para obtener descuentos?

Precisamente ese es uno de los argumentos más sólidos para reclamar. En este caso el tribunal valoró que el comercial solo informó de que la tarjeta permitía hacer compras y disponer de efectivo  sin explicar el funcionamiento del crédito ni su coste real. Si tu experiencia fue similar, es un indicio muy relevante de falta de transparencia en la contratación.

 ¿Qué diferencia hay entre reclamar por usura y por falta de transparencia?

Son dos vías distintas aunque el resultado económico es el mismo, solo devuelves el capital. La usura compara la TAE con el tipo medio de mercado. La falta de transparencia analiza si el consumidor pudo comprender realmente la carga económica del contrato. En este caso se optó por la vía de la transparencia y el tribunal la estimó íntegramente.

 ¿Cuánto cuesta reclamar?

En Reclama Abogados la consulta inicial es gratuita. Si decides reclamar, analizamos las condiciones concretas de tu contrato antes de comprometerte a nada. Solo cobramos si ganamos.

TRIBUNAL DE INSTANCIA DE QUART DE POBLET 

Órgano judicial: Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de  Instancia de Quart de Poblet. Plaza nº 2 

Avenida VILLALBA DE LUGO, 15 , 46930, Quart de Poblet, Tlfno.: 963967732, 

N.I.G: 4610241120240004…

Tipo y número de procedimiento: Juicio verbal (condiciones generales  contratación – 250.1.14) 1542/2024 

Grupo de trabajo: IR 

Materia: Otros asuntos de parte general 

Demandante D.R. A. G.

Abogado/a: D.P. JAVIER GIL TORRES 

Procurador/a: D.L. RUBERT RAGA 

Demandado D./Dª.SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SA  

Abogado/a: 

Procurador/a: D.J. C. C. G

  

SENTENCIA N º 247/2026 

En Quart de Poblet (Valencia), a 2 de julio del 2026. 

La Ilma. Sra. Dña. Z. G. C, Magistrada-Juez de la  Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Quart de Poblet  (Valencia), plaza número 2, habiendo visto los presentes autos de Juicio  Verbal, promovidos por DON R. A. G, representado por la  procuradora Sra. Rubert Raga, y con asistencia del Letrado Don Pedro Javier  Gil Torres, contra SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A.,  representado por el Procurador Sr. C. G y con asistencia del  Letrado Don J. G. U, que versa sobre nulidad del contrato por  falta de transparencia, y reclamación de cantidad.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La parte actora formuló demanda mediante escrito que por  turno de reparto correspondió a este Juzgado exponiendo, en primer lugar,  que su mandante tenía la condición de consumidor, contratando con la  demandada, en fecha 9 de febrero de 2022, un crédito al consumo, bajo la  modalidad revolving (tarjeta número 50071…….). Ello “mediante  formulario que le fue entregado y cumplimentado por un comercial de la  entidad, sin más información que la explicada por el mismo comercial y  consistente únicamente en que con esta tarjeta podría hacer compras y disponer de dinero en cajeros sin gasto alguno y cargándose los importes en  su cuenta bancaria posteriormente/ incluso que podría funcionar como  tarjeta cliente para beneficiarse de pagos aplazados y grandes descuentos en  el centro”.

Siguió señalando que el crédito debía ser declarado nulo por  usuario, -si bien, tras ser requerida por diligencia de ordenación de fecha 3  de diciembre de 2024-, al haber acumulado acciones incompatibles, opta por  mantener la acción de nulidad por falta de transparencia. Con respecto a ésta  refiere que el contrato suscrito era un contrato de adhesión con condiciones  generales, que no cumplía los controles de incorporación, transparencia y  contenido. Interesa en concreto la revisión de la cláusula relativa al interés  remuneratorio de contrato, cláusula 12, así como de las relativas a comisiones  (cláusula 13), modificación del contrato unilateral por la predisponente  (cláusula 16), y capitalización de los intereses (anatocismo, cláusula 4). Aduce  que no se ofreció al consumidor información clara, concreta y sencilla para  que pudiere comprender la carga económica y jurídica del contrato que  suscribía, incumpliendo los parámetros legales y juriprudenciales fijados,  siendo nulas las cláusulas que invoca, dejándose al arbitrio de la demandada  su modificación y generando desequilibrio entre las partes. 

En concreto en cuanto a la comisión por posiciones deudoras sostiene  que no responde a un servicio efectivo, imponiéndose de modo automático,  por lo que no se cumplen los requisitos legales exigidos para su imposición. 

Por lo expuesto, indicando que se había intentado lograr una solución  extrajudicial, resultando infructuosa, y tras invocar los fundamentos de  derecho que entendió aplicables, con cita de la jurisprudencia que consideró  oportuna, terminó suplicando que se dictase sentencia por la que se  DECLARE:  

“A. La nulidad RADICAL del contrato de fecha 09/02/2022 por tratarse  de un contrato USURARIO con los efectos inherentes a tal declaración de  conformidad con el artículo 3 de la Ley de represión de la usura. 

Subsidiariamente, y para el supuesto de no estimarse la nulidad del  contrato por usura, declare la ABUSIVIDAD Y NULIDAD DE LAS SIGUIENTES  CLAUSULAS:  

1. Nulidad clausula interés remuneratorio: Declarando la procedencia  de restitución entre las partes de las operaciones realizadas durante toda la  vida del préstamo. Y en atención a los siguientes supuestos: Si los pagos del  consumidor no hayan sido suficientes para compensar el importe de la  disposición éste vendrá obligado a continuar pagando las cuotas pactadas,  sin aplicación de interés alguno. Si el pago de las cantidades realizado en  concepto de cuotas supera el capital dispuesto, la entidad deberá restituir lo  abonado en exceso.  

 

2. Nulidad de la Cláusula de comisiones por retrasos o impagos: cláusula 13 del contrato; teniendo dicha cláusula por no puesta y condenando  a la entidad a la restitución a mi mandante de las cantidades abonadas en exceso por aplicación de la cláusula declarada nula, junto con los intereses  legales desde la realización del pago. 

 

3. Nulidad de la cláusula 16 sobre modificaciones del contrato  unilaterales, teniéndose dicha cláusula por no puesta y no pudiendo vincular  a mi representado ninguna modificación posterior a la firma del documento  original, condenándose a la entidad a restituir a mi mandante cuantas  cantidades se hayan abonado en exceso por las modificaciones en las  cláusulas contractuales, todas ellas con los oportunos intereses legales.  

 

4. Nulidad de la cláusula 4 sobre capitalización de intereses, teniéndose  dicha cláusula por no puesta y condenándose a la entidad a realizar el  recalculo de toda la operación, sin aplicación de la capitalización, con  restitución a mi representado de cuantas cantidades se hayan abonado por  aplicación de la cláusula declarada nula, con los oportunos intereses legales. Todo ello con expresa condena en costas a la demandada”. 

SEGUNDO.– Con carácter previo la admisión de la demanda, mediante  diligencia de ordenación de tres de diciembre de dos mil veinticuatro, se  concedió plazo a la parte actora para que se optase, ante la indebida  acumulación de accciones, por aquella que entendiese oportuno,  presentándose escrito mediante el que se indica que la acción que se  mantiene es la de nulidad del contrato por falta de transparencia e  incorporación. 

TERCERO.- Admitida a trámite la demanda, se dispuso el  emplazamiento de la parte demandada para que compareciera en autos y  contestara a la misma, lo cual verificó en el sentido de oponerse a la demanda.  Indica la demandada en relación con la petición de nulidad del contrato por  falta de transparencia que el Sr. Altur solicitó a su representada la  contratación de una Tarjeta revolving (en adelante, “Tarjeta Pass”) y suscribió  para ello el correspondiente contrato en el año 2022. Refiere seguidamente  que dicha Tarjeta Pass, fue solicitada libremente y con pleno consentimiento  por la parte actora, fue emitida a fin de que fuera utilizada como medio de  pago para la adquisición de bienes y/o la contratación de servicios en los  puntos de venta adheridos a la misma, domiciliándose los recibos  correspondientes a las operaciones realizadas por la parte actora con la  referida Tarjeta Pass, con expresa autorización del demandante, en una  cuenta bancaria de su titularidad. El coste del crédito, -sigue argumentando-,  “claramente reproducido en el Contrato como se incidirá posteriormente,  estaba sujeto a un tipo de interés del 1,67% mensual, del que resultaba una  TAE del 18,99%. 

Además, el Contrato establecía dos sistemas de uso de la  Tarjeta y su modalidad de pago:  

1. Por un lado, se podía optar por el sistema “Contado”, con el que no  se repercute al usuario tipo de interés alguno; existiendo a su vez dos modalidades de pago: “contado inmediato” y “contado fin de mes”. En el sistema “contado fin de mes”, se liquidaban las deudas resultantes de las compras realizadas durante el periodo mensual de facturación, mediante adeudo en la cuenta bancaria del cliente el último día hábil de cada mes natural. Es decir, los importes pagados  con la Tarjeta Pass se pasaban al cobro en la cuenta del cliente, de forma mensual y en su totalidad, sin aplazar el pago. Por su parte,  el sistema “contado inmediato” operaba al igual que una tarjeta de débito.

1. Frente al sistema “Contado”, se encontraba el sistema “Crédito”. En  el supuesto de que el cliente optase de forma voluntaria por esta opción, éste quedaba obligado a pagar a SFC la cuota mensual pactada con el correspondiente interés”. En el supuesto concreto, – dice-, “el uso de la Tarjeta Pass en la modalidad de crédito estaba sujeto a un tipo de interés mensual del 1,67%, resultando una TAE  del 18,99%”.

Por ello considera que, el demandante solicitó una Tarjeta Pass con  conocimiento pleno y libre de la trascendencia económica y patrimonial del  producto que contrataba, así como que el Contrato preveía de forma clara el  funcionamiento y las condiciones económicas del instrumento financiero  contratado y sus modalidades -contado o crédito-, y describía de forma clara  el coste del crédito en caso de optar por la modalidad de crédito; siendo que  la parte actora ha hecho uso de su Tarjeta Pass de forma continuada desde el  año 2022 hasta la actualidad -concretamente durante 3 años- sin que en  ningún momento haya manifestado disconformidad con los intereses  remuneratorios, ni con los demás conceptos fijados en el Contrato, validando,  a su juicio, con sus actos propios la operativa recogida en el mismo.  

Aporta por otro lado un extracto contable global de los movimientos  de la Tarjeta Pass del demandante hasta la actualidad donde se recogen todos  y cada uno de los movimientos realizados, los importes y conceptos que le  han sido cobrados por su uso y la deuda que, en su caso, el demandante  mantiene con SFC; ascendiendo la liquidación provisional del Contrato a fecha  de presentación de este escrito al importe de 34,50€, y asimismo los  extractos remitidos con periodicidad mensual a la dirección facilitada por la  parte actora en el momento de suscribir el Contrato, donde viene recogida la  cuota mensual que se debe abonar, indicando el periodo al que hace  referencia, así como el tipo de interés aplicado (TAE del 18,99%) y un desglose  de los importes adeudados.  

Sostiene a continuación la validez de los intereses remuneratorios,  alegando que el pactado -21,99%- no puede considerarse desproporcionado  respecto del tipo medio de referencia en el mercado para productos de la  misma naturaleza -tarjetas “revolving”- al tiempo de la contratación. 

Mantiene también la plena eficacia y validez de la cláusula relativa a  sistemas de pago y fechas de adeudo, e intereses remuneratorios, señalando  que “el demandante siempre ha sido perfectamente consciente de la TAE y el  sistema de amortización de las operaciones de la Tarjeta Pass y, por tanto,  del coste real de las mismas, teniendo a su disposición información suficiente  y herramientas que le permitieron realizar una comparativa fiel entre el  producto de SFC y el de otras entidades; además de cumplir, sin ninguna  duda, los requisitos de concreción, claridad, accesibilidad, legibilidad, etc.”. 

 Indica que “solo se devengan intereses en la modalidad de “Crédito”, en cuyo  caso se pacta con el cliente la cuota mensual a pagar. A su vez, es el  demandante el que decide la modalidad de pago al “Contado” o a “Crédito”  en el momento de la suscripción del Contrato, pudiendo modificarse dicha  elección en cualquier momento con posterioridad”, y que “..además, si el uso  de la Tarjeta se hace en cualquiera de los establecimientos “adheridos” a mi  representada, la modalidad de pago se podrá decidir también en el momento  de realizarlo”. 

Refiere a continuación que no es la expresión de la TAE en las  Condiciones Generales el único elemento con el que contó el demandante  para conocer el coste de la utilización de la Tarjeta PASS, “sino que al mismo  se le entregaron y tiene a su disposición, otros documentos tales como las  Condiciones Particulares, la “Información Normalizada Europea”, simulaciones de disposiciones de crédito concretas o, incluso, con  posterioridad a la suscripción del mismo, la ilustrativa información que  mensualmente se remitió al cliente…”, utilizándose un tamaño de letra  adecuado, legible, claro y entendible. 

Por lo expuesto, previa invocación de la fundamentación jurídica que  entendió oportuna, con cita de la jurisprudencia que consideró aplicable,  finalizó suplicando que se dictase sentencia desestimando íntegramente la  demanda interpuesta de contrario, con expresa imposición de costas a la  parte actora.  

Tras ello, no interesando las partes la celebración de Vista, y no  considerándola necesaria esta juzgadora, ha quedado el procedimiento  pendiente de dictar resolución.  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Solicita la parte actora, -por los motivos expuestos de  forma pormenorizada en los antecedentes de hecho de esta resolución-, que  se dicte sentencia por la que, con estimación de su demanda se DECLARE:  

“A. La nulidad RADICAL del contrato de fecha 09/02/2022 por tratarse  de un contrato USURARIO con los efectos inherentes a tal declaración de  conformidad con el artículo 3 de la Ley de represión de la usura.  

1. Subsidiariamente, y para el supuesto de no estimarse la nulidad del  contrato por usura, declare la ABUSIVIDAD Y NULIDAD DE LAS SIGUIENTES  CLAUSULAS:  

 

1. Nulidad clausula interés remuneratorio: Declarando la procedencia  de restitución entre las partes de las operaciones realizadas durante toda la  vida del préstamo. Y en atención a los siguientes supuestos: Si los pagos del  consumidor no hayan sido suficientes para compensar el importe de la  disposición éste vendrá obligado a continuar pagando las cuotas pactadas,  sin aplicación de interés alguno. Si el pago de las cantidades realizado en  concepto de cuotas supera el capital dispuesto, la entidad deberá restituir lo  abonado en exceso.  

 

2. Nulidad de la Cláusula de comisiones por retrasos o impagos: cláusula 13 del contrato; teniendo dicha cláusula por no puesta y condenando  a la entidad a la restitución a mi mandante de las cantidades abonadas en  exceso por aplicación de la cláusula declarada nula, junto con los intereses  legales desde la realización del pago.  

 

3. Nulidad de la cláusula 16 sobre modificaciones del contrato  unilaterales, teniéndose dicha cláusula por no puesta y no pudiendo vincular  a mi representado ninguna modificación posterior a la firma del documento  original, condenándose a la entidad a restituir a mi mandante cuantas  cantidades se hayan abonado en exceso por las modificaciones en las  cláusulas contractuales, todas ellas con los oportunos intereses legales.  

 

4. Nulidad de la cláusula 4 sobre capitalización de intereses, teniéndose  dicha cláusula por no puesta y condenándose a la entidad a realizar el  recalculo de toda la operación, sin aplicación de la capitalización, con  restitución a mi representado de cuantas cantidades se hayan abonado por  aplicación de la cláusula declarada nula, con los oportunos intereses legales. 
5. Todo ello con expresa condena en costas a la demandada”. 

Tras el debido requerimiento, ante el ejercicio de acciones  incompatibles entre sí, y por escrito de fecha 9 de diciembre de 2024, la parte  actora opta por mantener la acción de nulidad por falta de transparencia. 

La parte demandada, -por los motivos expuestos de forma  pormenorizada en los antecedentes de hecho de esta resolución,  pronunciándose también sobre la usura, negando ésta-, sostiene que no  existe nulidad por falta de transparencia (formal ni material) de los intereses  remuneratorios, ni de las demás cláusulas señaladas de contrario e insertas  en el contrato; entendiendo que al consumidor se le ofreció y tuvo en su poner  información suficiente, pudiendo comprender la carga económica y jurídica  de cuanto suscribía, proporcionándosele información detallada y suficiente,  antes, durante y tras la contratación. Por todo ello entiende que la demanda  debe ser desestimada, con imposición de costas a la parte actora. 

Pues bien, habiéndose mantenido y ejercitado por el consumidor (parte actora) la nulidad del contrato por falta de transparencia (formal y material)  de la cláusula que regula los intereses remuneratorios, procede resolver sobre  ello en primer lugar, pues su eventual estimación, siendo cláusula esencial  del contrato suscrito, deberá llevar, necesariamente, a la nulidad de la  totalidad del susodicho contrato. 

Para efectuar la citada valoración hay que tener presente, -en  consonancia con lo declarado por el T.J.U.E-, que la protección del  consumidor, en los contratos celebrados por los profesionales con éstos, – como acontece en la litis que nos ocupa-, obedece a una idea fundamental,  esto es, la consideración de que el mismo se halla en una situación de  inferioridad con respecto a dicho profesional con quien contrata, en lo  referente tanto a su capacidad de negociación como al nivel de información,  lo que le conduce a adherirse a condiciones redactadas previamente por tal  profesional, sin poder influir en ellas, así se dispone, a título de ejemplo y de  forma literal, entre otras, en el apartado 22 de la STJUE (sala cuarta) de 4 de  junio de 2009, Asunto entre Pannon GSM Zrt y Erzsébet Sustikné Györfi (C  243-08): “De este modo, el sistema de protección establecido por la Directiva  (la número 93/13, se entiende) se basa en la idea de que el consumidor se  halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto  a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le  lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional  sin poder influir en el contenido de éstas (sentencia de 27 de junio de 2000,  O. Grupo Ed. y S. Editores, C-240/98 a C-244/98, Rec. p. I 4941, apartado 25). 

Dicha situación de inferioridad de la que se parte hace  que el artículo 6, apartado 1, de tal Directiva, la 93/13 CEE DEL CONSEJO, de  5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados  con consumidores disponga: “Los Estados miembros establecerán que no  vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos  nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre  éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio  para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las  cláusulas abusivas”. 

Así, y dándose la contratación con un consumidor (hecho no  controvertido), lo primero que procede examinar por quien suscribe, -como  se ha señalado-, es si existe falta de transparencia (en la fijación de la TAE)  en la contratación que nos ocupa. A tal respecto, y por lo que respeta  específicamente a los contratos de adhesión el Tribunal Supremo, en la  sentencia de 8 de septiembre de 2014, donde declara nulas varias de las  denominadas “cláusulas suelo”- dejó ya claro que tales contratos de adhesión  constituyen una práctica negocial claramente diferenciada del contrato  regulado en nuestro Código Civil, pues en los contratos de adhesión su  eficacia no recae tanto en la prestación del consentimiento por el  consumidor-adherente como en el cumplimiento por el empresario que  predispone las cláusulas de unos especiales deberes de configuración contractual; y ello con el objeto de conseguir un equilibrio de prestaciones y  una comprensibilidad real de las cláusulas predispuestas; señalando de forma  literal: “6. Caracterización del control de transparencia. En el marco del  específico y diferenciado presupuesto causal y régimen de eficacia que  informa el fenómeno de las condiciones generales de la contratación..el  control de transparencia, como proyección nuclear del principio de  transparencia real en la contratación seriada y, por extensión, en el desarrollo  general del control de inclusión, (artículo 5 de la Directiva 93/13, artículos  5.5 y 7.b de la LCGC y artículo 80.1 a TR- LGDCU) queda caracterizado como  un control de legalidad en orden a comprobar, primordialmente, que la  cláusula contractual predispuesta refiera directamente la comprensibilidad  real, que no formal, de los aspectos básicos del contrato en el marco de la  reglamentación predispuesta, de forma que el consumidor y usuario conozca  y comprenda las consecuencias jurídicas que, de acuerdo con el producto o  servicio ofertado, resulten a su cargo, tanto respecto de la onerosidad o  sacrificio patrimonial que realmente supone para el consumidor el contrato  celebrado, como de la posición jurídica que realmente asume en los aspectos  básicos que se deriven del objeto y de la ejecución del contrato, STS de 26 de  mayo de 2014 (núm. 86/2014). 7. Fundamento.

De acuerdo con la anterior  caracterización, debe señalarse que en el ámbito del Derecho de la  contratación, particularmente, de este modo de contratar, el control de  transparencia responde a un previo y especial deber contractual de  transparencia del predisponente que debe quedar plasmado en la  comprensibilidad real de los aspectos básicos del contrato que reglamenten  las condiciones generales. Fiel a la naturaleza y función de este fenómeno,  como a su peculiar presupuesto causal y régimen de eficacia, el control de  transparencia se proyecta de un modo objetivable sobre el cumplimiento por  el predisponente de este especial deber de comprensibilidad real en el curso  de la oferta comercial y de su correspondiente reglamentación seriada. Se  entiende, de esta forma, que este control de legalidad o de idoneidad  establecido a tal efecto, fuera del paradigma del contrato por negociación y,  por tanto, del plano derivado de los vicios del consentimiento, no tenga por  objeto el enjuiciamiento de la validez del consentimiento otorgado, ni el plano  interpretativo del mismo, irrelevantes tanto para la validez y eficacia del  fenómeno, en sí mismo considerado, como para la aplicación del referido  control sino, en sentido diverso, la materialización o cumplimiento de este  deber de transparencia en la propia reglamentación predispuesta; SSTJUE de  21 de febrero de 2013 , C- 427/11 y de 14 de marzo de 2013, C-415/11,  así como STS de 26 de mayo de 2014 (núm. 86/2014 ). 

Extremo o  enjuiciamiento que, como ya se ha señalado, ni excluye ni suple la mera  «transparencia formal o documental» sectorialmente prevista a efectos de la  validez y licitud del empleo de la meritada cláusula en la contratación seriada.  8. Alcance. Conforme al anterior fundamento, debe concluirse que el control  de transparencia, como parte integrante del control general de abusividad,  no puede quedar reconducido o asimilado a un mero criterio o contraste  interpretativo acerca de la claridad o inteligencia gramatical de la formulación  empleada, ya sea en la consideración general o sectorial de la misma, sino que requiere de un propio enjuiciamiento interno de la reglamentación  predispuesta a los efectos de contrastar la inclusión de criterios precisos y  comprensibles en orden a que el consumidor y usuario pueda evaluar,  directamente, las consecuencias económicas y jurídicas que principalmente  se deriven a su cargo de la reglamentación contractual ofertada. Este es el  alcance que, en plena armonía con la doctrina jurisprudencial expuesta de  esta Sala, contempla a estos efectos la reciente Sentencia del Tribunal de  Justicia de la Unión europea, de 30 de abril de 2014, C-26/13, declarando,  entre otros extremos, que: 

«El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13  debe interpretarse en el sentido de que, en relación con una cláusula  contractual como la discutida en el asunto principal, la exigencia de que una  cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha  de entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea  clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de  que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto  del mecanismo de conversión de la divisa extranjera al que se refiere la  cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por  otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese  consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles,  las consecuencias económicas derivadas a su cargo».  

Así, observado el contrato suscrito, de 9 de febrero de 2022 (doc.1  adjunto a la demanda), se concluye que la cláusula predispuesta en cuanto a  los intereses (cláusula 12.2) no supera el control de inclusión y transparencia.  Y es que, como indica de forma concreta el artículo 80 del T.R.L.G.D.C.Y.U.:  “1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no  negociadas individualmente (caso este como el que nos ocupa, pues ninguna  negociación individual se ha acreditado) incluidos los que promuevan las  Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes,  aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de  comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten  previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo  caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual. 
2. b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y  usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su  existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito  si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior a los 2.5 milímetros, el  espacio entre líneas fuese inferior a los 1.15 milímetros o el insuficiente  contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura. 
3. c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las  partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas. 2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el  sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable al  consumidor”. 

En el presente caso no hay más que acudir al contrato suscrito con el  consumidor para concluir que no se cumple con la más mínima transparencia  en la redacción del clausulado del contrato, infringiendo de modo patente los  parámetros legalmente exigidos para su válida incorporación, resultando de  dificultosa lectura dado el bombardeo de cláusulas al que se somete al  consumidor, siendo oscuro por la falta de explicación clara y sencilla de tales  cláusulas, sin resaltado alguno de las cláusulas esenciales, e introduciéndose,  para la regulación de los intereses, -inserto entre las demás disposiciones-,  y a diferencia de cuanto dispone la demandada, -cláusula 12.2-, una fórmula  incomprensible para un consumidor medio, a quien no se prueba, más allá  de las alegaciones de la predisponente, que se ofreciera información  suficiente para que pudiera conocer la carga económica y jurídica de aquello  que se suscribía, ni previamente ni al tiempo de la contratación; y es que, se  indica: 

“12.2.- Modalidad Crédito. Interés 17,50 % anual (TAE 18,99%), –que  tras actualización se eleva a 20,04% TIN (TAE 21,99%)-. El coste comprenderá  los intereses, comisiones y gastos aplicables en cada momento, sin que en su  cálculo se incluya la prima del seguro opcional salvo en caso de impago de la  misma. El Titular pagará a la Entidad la cuota mensual pactada que, como  mínimo, será del 3% del Límite de Crédito (con un mínimo de 15€), o el saldo  pendiente si fuese menor. La cuota mensual comprende, además de la  amortización del capital correspondiente, intereses y, en su caso, la comisión  por reclamación de impagos, los gastos aplicables y la prima del seguro  opcional. A su vez, el principal está integrado por el importe de las compras,  retiradas de efectivo o transferencias referidas en la Cláusula 2 de estas  Condiciones Específicas, y, en su caso, las comisiones financiadas de  conformidad con la Cláusula 13 de estas Condiciones Específicas, la comisión  por reclamación de impagos que haya sido impagada de conformidad con la  Cláusula 13 de estas Condiciones Específicas, la prima del seguro opcional  que haya sido impagada de conformidad con la Cláusula 4 de las Condiciones  Generales y el importe impagado de contado que haya sido traspasado a la  línea de crédito de conformidad con la Cláusula 12.1 de estas Condiciones  Específicas. El cierre de los cargos y el cálculo de la cuota mensual se  efectuará, con carácter general, el día 20 de cada mes natural, presentándose  al pago en la Cuenta Domiciliataria dentro de los cinco primeros días hábiles  del mes siguiente. El pago de una cuota no presupone el de las anteriores. El  saldo pendiente de reembolso devengará intereses día a día que serán  pagaderos mensualmente, siendo calculados conforme a la siguiente  fórmula…”; fórmula que analizada por quien suscribe, como se indica, resulta  incomprensible para un consumidor medio a quien no se ofrece explicación  sencilla y detallada del modo de funcionamiento.  

Pero es que, además, cuestión que fundamenta junto a lo resuelto la  nulidad del contrato por falta de transparencia es que se permite a la entidad  demandada la modificación unilateral, y en cualquier tiempo, de las  condiciones del contrato de cualquiera de ellas, también de las cláusulas esenciales, como los intereses remuneratorios) per se y sin causa  predeterminada u objetiva, simplemente comunicándolo al Titular y dándolas  por modificadas por el simple hecho de que el consumidor no comunique por  escrito que no las acepta en el plazo que también la entidad, unilateralmente  de nuevo, le ofrece (cláusula 12); facultad que en modo alguno se ofrece al  consumidor, lo que supone un claro desequilibrio de los derechos de las  partes. Permitiéndose incluso que la “Entidad podrá resolver el Contrato de  Tarjeta, sin alegar causa alguna, previa comunicación por escrito al Titular  con una antelación mínima de dos meses a la fecha de resolución”. Ello resulta  de todo punto insostenible, desproporcionado y falto de justificación. 

En definitiva, siendo los intereses remuneratorios de carácter esencial,  regulándose de modo incomprensible y complejo para un consumidor medio,  con redacción inconcreta, dificultosa y oscura, sin que el consumidor pueda  conocer la carga económica y jurídica de aquello que contrata, y pudiendo la  Entidad modificar y resolver, -como se ha señalado-, cualquier cláusula del  contrato, se concluye que se adolece de una absoluta falta de transparencia  formal y material, y por ende deviene nulo el contrato suscrito, con los efectos  inherentes a tal declaración, ex artículo 1.303 del C.C. 

Consecuentemente con lo valorado y expuesto procede estimar  íntegramente la demanda, sin que proceda analizar el resto de cláusulas cuya  nulidad se invoca, toda vez que todo el contrato, por lo expuesto, debe ser  declarado nulo. 

SEGUNDO.- Respecto a las costas procesales, y por aplicación de lo  establecido en el art. 394 de la L. E. C., las causadas en esta instancia se  impondrán a la parte demandada al haber sido estimada la demanda en su  integridad. 

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO 

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda formulada por DON R.  A. G, representado por la procuradora Sra. Rubert Raga, contra  SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A., representado por el  Procurador Sr. C. González, y en consecuencia: 

DECLARO la nulidad por falta de transparencia de la cláusula inserta en  el contrato suscrito entre las partes, de fecha 9 de febrero de 2022, relativa  a intereses remuneratorios, y siendo dicha cláusula esencial, se declara la  nulidad del contrato, con los efectos inherentes a tal declaración, de  conformidad con el artículo 1.303 del Código Civil. 

Se imponen a la demandada las costas causadas en esta instancia. 

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su  unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.  

RECURSOS.- Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles  saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, en el plazo  de veinte días, a contar desde el siguiente a su notificación, para su  conocimiento por la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia. 

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia, ha sido dada, leída y publicada  por la Ilma. Sra. Juez que la suscribe, hallándose celebrando audiencia pública  en el día de su fecha. Doy fe. 

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Sentencia nº 247/2026 — Tribunal de Instancia de Quart de Poblet, Sección Civil y de Instrucción, Plaza nº 2
Publicado en fecha 18 de Septiembre de 2026