Anulación por el Juzgado de Valencia de una tarjeta revolving de CaixaBank por falta de transparencia

Reclama Abogados ha conseguido que la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Valencia declare nulo el contrato de tarjeta revolving que uno de nuestros clientes firmó con CaixaBank Payments & Consumer en 2017. El juzgado considera que la entidad no le informó con claridad del coste real del crédito ni de los riesgos del sistema revolving. La sentencia, de 29 de septiembre de 2026, estima íntegramente nuestra demanda: la entidad deberá devolver todos los intereses y comisiones cobrados, también los posteriores a la “actualización” del contrato de 2020, con el interés legal, y pagar las costas del procedimiento.

Detallamos la sentencia por tarjeta revolving contra CaixaBank 

 

Dato	Detalle
Órgano	Sección Civil del Tribunal de Instancia de Valencia, plaza n.º 4
Resolución	Sentencia n.º 281/2026, de 29 de septiembre de 2026
Procedimiento	Juicio verbal 38/2026 (condiciones generales de la contratación)
Entidad demandada	CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
Producto	Tarjeta de crédito revolving
Fecha del contrato	8 de noviembre de 2017
Resultado	Demanda estimada íntegramente
Costas	Impuestas a la entidad
Firmeza	Recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia

 

¿Qué reclamaba el cliente?

El titular de la tarjeta pidió que se declararan abusivas tres cláusulas del contrato: la de intereses remuneratorios, la de comisión por impago y la cláusula 14, que permitía a la entidad modificar el contrato de forma unilateral. También solicitó la devolución de todo lo pagado de más, con intereses.

¿Por qué el juzgado declara nulo el contrato?

El equipo de Reclama Abogados centró la demanda en la falta de transparencia de la cláusula de intereses y del sistema de amortización revolving, y el juzgado acogió íntegramente estos argumentos.

Un contrato difícil de leer

 El contrato tenía 11 páginas. Las condiciones generales estaban escritas en letra más pequeña que el resto, sin apenas espacio entre párrafos ni entre líneas, con frases largas que formaban un bloque compacto. Según la jueza, aunque la letra no fuera diminuta, esa forma de presentar el texto dificultaba localizar las cláusulas que determinan el coste del crédito.

El interés, escondido en una fórmula compleja

 La cláusula del interés aparecía expresada mediante una fórmula matemática, sin un espacio destacado, sin explicación sencilla y sin ejemplos numéricos. Tampoco se explicaba cómo funciona la TAE en la modalidad revolving, si los intereses se capitalizan ni qué parte de cada cuota amortiza capital.

La información previa se entregó el mismo día de la firma

La entidad aportó la Información Normalizada Europea (INE) firmada por el cliente, pero con la misma fecha que el contrato. Al no acreditar que la entregó antes, el juzgado entiende que se incumplió el artículo 60 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Usar la tarjeta durante años no “cura” la falta de transparencia

El banco alegó que el cliente usó la tarjeta de forma continuada y recibía extractos mensuales. La sentencia rechaza este argumento: usar un producto no demuestra que se entienda su funcionamiento. Corresponde a la entidad probar que informó adecuadamente en el momento de contratar.

Con apoyo en las sentencias del Pleno del Tribunal Supremo 154/2025 y 155/2025, de 30 de enero, el juzgado concluye que esta falta de transparencia provoca un grave desequilibrio, ya que el consumidor puede acabar convertido en un “deudor cautivo” atrapado en el llamado “efecto bola de nieve”.

¿Qué pasa con la “actualización” del contrato de 2020?

CaixaBank Payments alegó que en octubre de 2020 comunicó al cliente un contrato actualizado, con ejemplos y advertencias, que entró en vigor en 2021. El juzgado rechaza que esa actualización salve el contrato por dos razones:

1. No se acredita el consentimiento: el documento no estaba firmado por el cliente, y la captura de la app solo demostraba que la comunicación se envió, no que se leyera ni se aceptara.
2. Un contrato nulo no puede “repararse” con una novación: conforme al artículo 1208 del Código Civil, si la obligación original es nula, también lo es su modificación. Por eso la devolución incluye también las cantidades pagadas después de 2020.

Argumentos del banco y respuesta del juzgado

Qué se devuelve: efectos de la nulidad

 ¿Tienes una tarjeta revolving? Revisa tu contrato

Si tienes o has tenido una tarjeta de crédito ya sea de Caixabank u otra entidad, puedes reclamar los intereses de tu tarjeta revolving, puedes contactar con Reclama Abogados, la consulta es gratuita, podemos estudiar tu contrato y decirte si puedes recuperar los intereses pagados. Puedes consultar otras sentencias ganadas por nuestro despacho como esta sentencia que ganamos contra Carrefour Pass, cuyo contrato fué declarado nulo por falta de transparencia.

Preguntas frecuentes sobre la nulidad de tarjetas revolving

¿Puedo reclamar si firmé el contrato de mi tarjeta revolving?

Sí. La firma no impide la reclamación. Lo decisivo es si la entidad te explicó con claridad y antes de contratar cómo funcionaba el crédito, cuánto te iba a costar y qué riesgos tenía pagar cuotas bajas.

¿Tengo que devolver el dinero que gasté con la tarjeta?

Solo el capital que dispusiste. Todo lo que hayas pagado por encima de esa cantidad (intereses, comisiones, etc.) debe devolvértelo la entidad, con intereses.

¿Sirve de algo que haya usado la tarjeta durante años?

No perjudica tu reclamación. Según esta sentencia, el uso prolongado y la recepción de extractos no prueban que entendieras el funcionamiento del sistema revolving.

Mi banco me envió un contrato nuevo por la app, ¿ya no puedo reclamar?

En este caso, el juzgado consideró que una comunicación enviada por la app sin aceptación probada no modifica el contrato. Además, si el contrato original es nulo, la actualización también lo es.

¿Necesito saber exactamente cuánto he pagado para reclamar?

No. La sentencia aclara que la cantidad exacta se puede calcular en la fase de ejecución, a partir de los movimientos reales de la tarjeta.

¿Quién paga los gastos del juicio?

En esta sentencia, al estimarse íntegramente la demanda, se condenó en costas a la entidad financiera.

¿Es firme esta sentencia?

La resolución puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia en el plazo de veinte días desde su notificación.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA

TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VALÈNCIA 

Órgano judicial: Sección Civil del Tribunal de Instancia de  Valencia. Plaza nº 4 

Plaza DEL TURNO DE OFICIO, 1 , 46013, València,  

N.I.G: 4625042120260000…

Tipo y número de procedimiento: Juicio verbal (condiciones generales  contratación – 250.1…) 38/2026 

Grupo de trabajo: U. ASUNTOS CIVILES B 

Materia: Resto de acciones individuales sobre condiciones generales de la  contratación 

Demandante D./Dª.R. A. D. R

Abogado/a: D.P. J. G. TORRES 

Procurador/a: D.L. R. RAGA 

Demandado D./Dª.CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER EFC SA 

Abogado/a: 

Procurador/a: D.M. S. M

  

SENTENCIA N.º 281/2026 

Juez: D.ª M.J. R. S

En València, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis. 

Vistos por D.ª María J. R. S, Jueza en funciones de  refuerzo de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Valencia, plaza nº 04,  los presentes autos de juicio verbal seguidos en esta Plaza con el nº 38/2026  a instancia de D. R. A. D. R, representado por la  Procuradora D.ª L. R. R. y bajo la dirección letrada de D. P.  J. G. T, frente a CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P.,  S.A.U., representada por la Procuradora D.ª M. S. M.  y asistida por el Letrado D. A. B. G, relativos a  acción de nulidad de condiciones generales de la contratación 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha 07 de enero de 2026, por la representación  procesal de D. R. A. D. R se interpuso demanda de juicio  verbal frente a CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U. en la  que se ejercitaba una acción de nulidad de la condición general de la contratación del contrato de CREDITO/TARJETA «REVOLVING”, solicitando que se declare la abusividad y nulidad de las  siguientes cláusulas: 

– Nulidad de la cláusula de interés remuneratorio: solicitando que se declare  la procedencia de restitución entre las partes de las operaciones realizadas  durante toda la vida del préstamo. Y en atención a los siguientes  supuestos: si los pagos del consumidor no hayan sido suficientes para  compensar el importe de la disposición éste vendrá obligado a continuar  pagando las cuotas pactadas, sin aplicación de interés alguno. Si el pago  de las cantidades realizado en concepto de cuotas supera el capital  dispuesto, la entidad deberá restituir lo abonado en exceso.  

– Nulidad de la Cláusula de comisiones por retrasos o impagos: solicitando  que se tenga dicha cláusula por no puesta y se condene a la entidad a la  restitución la parte actora de las cantidades abonadas en exceso por  aplicación de la cláusula declarada nula, junto con los intereses legales  desde la realización del pago. 

– Nulidad de la cláusula 14 sobre modificaciones del contrato unilaterales,  solicitando que se tenga dicha cláusula por no puesta y no pudiendo  vincular a la parte actora ninguna modificación posterior a la firma del  documento original, se condene a la entidad a restituir a la parte  demandante cuantas cantidades se hayan abonado en exceso por las  modificaciones en las cláusulas contractuales, todas ellas con los  oportunos intereses legales.  

Todo ello con los intereses legales desde que se hicieron los pagos  indebidos y expresa condena en costas a la demandada 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte  demandada para personarse y contestar. En el plazo legal concedido la  demandada contestó a la demanda, planteando como excepción procesal el  defecto legal en el modo de proponer la demanda (que fue desestimada por  Auto de esta Plaza de fecha 25 de marzo de 2026), y oponiéndose a la  demanda, solicitando que se dicte sentencia por la que se desestime  íntegramente, con expresa imposición de costas a la parte actora.  

TERCERO.- Al no considerarse necesaria la celebración de vista,  quedaron los autos pendientes de dictar sentencia.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- De conformidad con lo anteriormente expuesto, por la  representación procesal de D. R. A. D. R, en la demanda  instauradora del presente procedimiento, se ejercitaba una acción de nulidad  de la cláusula que regula el interés remuneratorio, de la cláusula que regula  la comisión por impago, y de la cláusula 14 de modificación de condiciones  unilaterales, solicitando la restitución de cantidades en los términos  detallados en el antecedente de hecho primero, al que nos remitimos por  razones de economía procesal, todo ello con expresa condena en costas a la  demandada. 

Ello en base a que el 08 de noviembre de 2017, la parte actora y la parte  demandada suscribieron el contrato de tarjeta de crédito revolving, mediante formulario cumplimentado por un comercial de la  entidad. Respecto a las cláusulas que considera que deben ser declaradas  nulas, en cuanto al interés remuneratorio, sostiene que no se le dieron ni la  información previa ni las explicaciones adecuadas para entender su concepto  gramatical y los datos que en él inciden, ni para comparar ofertas similares,  ni mencionando la posibilidad de que el precio final e intereses sea muy  superior al contratado, por todo lo cual, no pudo comprender la información que obra en el contrato, ni el funcionamiento real del crédito y los graves  perjuicios que le podía ocasionar. En cuanto a la de comisiones por posiciones deudoras, sostiene que  supone una doble penalización por una situación de mora, y que no es  proporcional.  

Y respecto a la de modificación unilateral de las condiciones generales,  la considera abusiva puesto que reserva al prestamista la posibilidad de  proceder a una novación modificativa del contrato unilateralmente. 

Por su parte, el demandado se opuso a que la demanda interpuesta de  adverso fuera estimada, alegando que se entregó a la parte actora la INE con  la antelación suficiente, que el contrato de tarjeta aparece firmado por el  titular por lo que las cláusulas no pueden resultar desconocidas, y que a partir  de marzo de 2021 entró en vigor una actualización de condiciones que le fue  notificada al demandante. Manifiesta que no se ha redactado en letra pequeña  que dificulte su lectura, y que tras la actualización se exponen los caracteres  esenciales del contrato claramente. En cuanto al interés remuneratorio  sostiene que no pasó desapercibido para el demandante y se le remitían  mensualmente las liquidaciones con la carga económica del crédito, y que en  el contrato actualizado se incluyen ejemplos gráficos y numéricos del  funcionamiento de la tarjeta en función de los escenarios que podrían darse  y advertencias al cliente sobre la carga económica de la tarjeta. Añade que el  consumidor realiza una utilización de la tarjeta continuadamente, de modo  consciente y voluntario. 

En cuanto a la comisión por recibos impagados, sostiene que la misma  informa al cliente del precio por los servicios, que solo será exigible cuando  se produzca el impago, que no puede reiterarse, que la cuantía es única y que  responde a la necesidad de destinar recursos materiales y humanos a la  reclamación de la cuota. 

Respecto a la cláusula que regula la modificación unilateral de  condiciones, sostiene que no genera desequilibrio al estar prevista la  notificación con al menos dos meses de antelación a la entrada en vigor de la  modificación. 

SEGUNDO.- Respecto a la alegación efectuada por la demandada en  relación con que el demandante no concreta en su demanda el importe o  cuantía que debería restituirse con motivo de la nulidad de las cláusulas, o  que incluso dichas cláusulas se hayan aplicado durante la vigencia del  contrato, en primer lugar conviene precisar que, respecto a la necesidad de  fijar la cuantía del procedimiento en la demanda, se refiere la STS 1213/2023,  de 25 de julio, que viene a decir que la fijación de la cuantía del procedimiento  no integra propiamente el objeto principal de la tutela judicial solicitada en  una demanda, sino que, en línea con lo declarado por esta Sala en sus Autos  de 13 de septiembre de 2005 (queja 170/2005) y 140/2015, de 20 de enero,  tiene un carácter meramente instrumental en cuanto que no constituye un fin  en sí mismo.

Las diversas funciones de la cuantía del proceso y la insuficiente  regulación legal del régimen de su fijación aconsejan residenciar el debate y  la resolución de la discrepancia sobre la cuantía del proceso en el trámite  procesal más adecuado, según sea la función que cumple la fijación de la  cuantía que se pretende en cada caso: en la audiencia previa o en la vista del  juicio verbal, cuando se trata de determinar la clase del procedimiento; en los  trámites de admisión del recurso, cuando se trata de determinar si la  sentencia es apelable o si la apelación debe ser resuelta por la Audiencia  Provincial colegiadamente o actuando como tribunal unipersonal (lo que  luego tiene relevancia en el acceso a la casación); o en el incidente de tasación  de costas, cuando se trata de valorar la corrección de los honorarios del  abogado o de aplicar el límite establecido en el art. 394.3.º LEC.  

Por ello, la cuantía no ha de quedar fijada necesariamente en este  momento procesal, al no determinar la clase de procedimiento ni si la sentencia es apelable, por lo que será en el incidente de tasación de costas  donde podrá discutirse esta cuestión, sin que, en ningún caso, pueda ser  objeto de este procedimiento. 

En segundo lugar, conviene recordar que la restitución de cantidades  es la consecuencia directa de la declaración de una cláusula como abusiva por  falta de transparencia, de conformidad con el art. 1303 del Código Civil (CC),  precepto que cita la propia demandante en su demanda, y que el demandante  sí que concreta en el suplico de su demanda cómo debe tener lugar la  restitución de las prestaciones, en función a si el consumidor no ha  compensado el importe de la disposición, por lo que debe entenderse que la  pretensión se ajusta a las exigencias del art. 219 LEC, dado que en el presente  procedimiento se solicita no solo la acción de declaración de nulidad, sino  también la aplicación de sus efectos, siendo estos la restitución de  cantidades. A mayor abundamiento, ya fue rechazada la excepción procesal  de defecto en el modo de proponer la demanda, debiendo estar a lo decidido  por el Auto de esta Plaza. 

En tercer lugar, en cuanto a la falta de acreditación del abono de  cantidades, ello no impide que la presente sentencia pueda declarar o no la  nulidad de las referidas cláusulas y condenar a la restitución de cantidades  en su caso, lo que deberá cuantificarse en ejecución de sentencia. En este  sentido, el Auto del TJUE de 11 de junio de 2015, en el asunto C-602/13  dispone: «49 Según resulta del apartado 35 del presente auto, habida cuenta  de la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la  protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de  inferioridad en relación con los profesionales, la Directiva93/13 impone a los  Estados miembros, tal como se desprende de su artículo 7, apartado 1, en  relación con su vigesimocuarto considerando, la obligación de prever medios  adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los  contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

Por consiguiente, y a fin de garantizar el efecto disuasorio del artículo 7 de la  Directiva 93/13, las prerrogativas del juez nacional que constata la existencia  de una «cláusula abusiva», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la  misma Directiva, no pueden estar supeditadas a que la cláusula abusiva se  aplique o no en la práctica.” 

Y, respecto a esta cuestión, concluye el Auto del TJUE estableciendo  que: “53 Por otro lado, teniendo en cuenta que una cláusula de un contrato  debe considerarse «abusiva» si causa en detrimento del consumidor un  desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que  se derivan de dicho contrato, incumbe al juez nacional comprobar si la  estipulación sobre el vencimiento anticipado, tal como figura en la cláusula  6.ª bis del contrato sobre el que versa el litigio principal, produce  efectivamente un desequilibro de ese tipo. En este sentido, la mera  circunstancia de que la mencionada cláusula no haya llegado a aplicarse no  excluye por sí sola que concurra tal supuesto. 

54 Por consiguiente, la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de  que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» —en el  sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13— de una  cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la  circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por  sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del  carácter abusivo de la cláusula en cuestión.» 

TERCERO.- Ejercitada con carácter principal la acción de nulidad de  tres cláusulas pactadas en el contrato, se comenzará por en análisis de la  transparencia de la cláusula de intereses remuneratorios, dejando para último  lugar la valoración sobre la eficacia de la modificación de condiciones alegada  de contrario.  

Respecto al control de transparencia y de incorporación, la STS  560/2020, de 26 de octubre, FJ 7º, dispone: “2.- La LCGC se refiere a la  incorporación de las condiciones generales al contrato en dos preceptos: en  el art. 5, para establecer los requisitos de incorporación; y en el art. 7, para  establecer cuándo las condiciones generales no quedan incorporadas al  contrato. 

Conforme al art. 5, en lo que ahora importa: 

1. a) Las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se  acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos  los contratantes. 
2. b) Todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales  incorporadas. 
3. c) No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las  condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya  informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya  facilitado un ejemplar de las mismas. 
4. d) La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de  transparencia, claridad, concreción y sencillez. 

A su vez, a tenor del art. 7, no quedarán incorporadas al contrato las  condiciones generales que: 

5. a) El adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera  completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido  firmadas, si ello fuera necesario conforme al art. 5. 
6. b) Sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a  estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el  adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito  la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato. 

En la práctica, como ya señalaron las sentencias de esta sala 314/2018, de  28 de mayo y 57/2019, de 25 de enero, se aplica en primer lugar el filtro  negativo del art. 7 LCGC, y si se supera es necesario pasar una segunda criba,  ahora positiva, que es la prevista en los arts. 5.5 y 7 de la misma Ley: la  redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de  transparencia, claridad, concreción y sencillez, de modo que no quedarán  incorporadas al contrato las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e  incomprensibles.  

El primero de los filtros mencionados, el del art. 7, consiste, pues, en acreditar  que el adherente tuvo ocasión real de conocer las condiciones generales al  tiempo de la celebración. La sentencia 241/2013, de 9 mayo (a la que sigue,  entre otras, la sentencia 314/2018, de 28 de mayo) consideró suficiente que  la parte predisponente acredite la puesta a disposición y la oportunidad real  de conocer el contenido de dichas cláusulas para superar este control,  independientemente de que el adherente o el consumidor realmente las haya  conocido y entendido, pues esto último tendría más que ver con el control de  transparencia y no con el de inclusión.  

El segundo de los filtros del control de incorporación, previsto en los arts. 5  y 7 LCGC, hace referencia a la comprensibilidad gramatical y semántica de la  cláusula.  

En suma, para superar el control de incorporación, debe tratarse de una  cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una  comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad  real de conocer al tiempo de la celebración del contrato.” 

De este pronunciamiento se extrae que el consumidor debe poder reconocer fácilmente la carga económica del contrato, pudiendo convertirse  en nula la cláusula de intereses en el caso de que el contrato no permita de  forma efectiva tal conocimiento. 

Tratándose de un contrato de tarjeta revolving el presente caso, procede hacer mención a las SSTS 154/2025 y 155/2025, del Pleno, de 30 de  enero: “la exigencia de transparencia de las cláusulas no negociadas en  contratos celebrados con consumidores que resulta de los arts. 4.2 y 5 de la  Directiva 93/13/CEE no puede reducirse solo al carácter comprensible de  estas en un plano formal y gramatical, sino que, por el contrario, toda vez  que el sistema de protección establecido por dicha Directiva se basa en la  idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al  profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, esa exigencia  de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales, y por tanto  de transparencia, debe entenderse de manera extensiva (sentencias de 30 de  abril de 2014, C-26/13, Kásler y K. Rábai, apartados 71 y 72, de 9 de  julio de 2015, C-348/14, Bucura, apartado 52, y, más recientemente, de 20  de abril de 2023, C-263/22, Ocidental-Companhia Portuguesa de Seguros  de Vida SA, apartado 26).  

Esta exigencia requiere que el consumidor medio, normalmente informado y  razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el  funcionamiento concreto de tal cláusula y de valorar así, basándose en  criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas,  potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones  (sentencias de 10 de junio de 2021, BNP P. Personal Finance, C-609/19  , apartados 42 y 43, de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance,  C-776/19 a C-782/19, apartados 63 y 64, y de 20 de abril de 2023, C 263/22, Oc.-C. Portuguesa de Seguros de Vida SA, apartado  26). 

También se pronuncia dicha resolución sobre el momento en que debe  facilitarse la información: “ya hemos hecho referencia a la doctrina del TJUE  que resalta la importancia de que la información sea facilitada al consumidor  antes de celebrar el contrato” 

Y en cuanto al contenido de la información: “En lo que respecta al  contenido, la información que debe suministrarse al consumidor al que se le  ofrece una tarjeta con la modalidad revolving debe cumplir con las exigencias  establecidas en la normativa nacional y con aquellas que el TJUE ha extraído  de la Directiva 93/13/CEE.  

Debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión  y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de  recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y  en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de  incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de  pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un  impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas  prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas,  que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital.  Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo  de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la  creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en  condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las  consecuencias económicas que se deriven para él.  

En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión  contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos  para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor  y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio,  como requisito para que pueda ser considerada transparente.  

En consecuencia, la información debe permitir al consumidor medio  comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se  derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo  de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del  capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe  permitirle comparar las diversas ofertas […]”. 

Si atendemos al contrato de autos (doc. 1 de la demanda y doc. 3 de la  contestación) observamos que se concertó en fecha 08 de noviembre de  2017, por tanto, a efectos de determinar si se ha pasado el primer filtro, el  de transparencia formal, debemos acudir a la redacción vigente en esa fecha  del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se  aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los  Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, cuyo art. 80 exigía  los siguientes requisitos respecto de las cláusulas no negociadas  individualmente: “a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con  posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que  no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los  que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento  contractual. 

1. b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario  el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y  contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño  de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente  contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura. 
2. c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes,  lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.” 

Sentada la cuestión en estos términos, resulta necesario remitirse al  contrato impugnado para comprobar si el mismo puede resultar legible, se  debe examinar el contrato originario, y no la modificación de las condiciones,  en base a lo que se expondrá posteriormente respecto a la novación. Se  observa como el contrato consta de 11 páginas, en las que, si bien es cierto  que en la primera página se expresa de un modo legible el límite de crédito  y los diferentes tipos de interés, no es sino hasta la parte inferior de dicha  página donde comienzan las condiciones generales, redactadas mediante el  empleo de una tipografía más pequeña que la empleada hasta ese momento  en el contrato, y acumulándose todas las condiciones, sin apenas dejar espacio entre párrafos y entre las líneas de cada cláusula, mediante el empleo  de frases largas, conformando un todo aglomerado. Por lo que, pese a que la  letra no se prevea como diminuta, la configuración del contrato dificulta su  lectura y la localización de las cláusulas esenciales y relevantes respecto a la  carga económica.  

Respecto a la transparencia material, atendiendo a las condiciones  generales, no resulta una tarea fácil localizar, entre todo ese clausulado, la  cláusula relativa al interés remuneratorio así como el modo de cálculo de su  importe, que se expresa mediante una fórmula compleja, en la cláusula 3.3.6,  sin dedicarle un espacio específico y destacado, ni una explicación sencilla  para que los consumidores conozcan el importe total a abonar, ni tampoco el  valor o resultado que arrojaría dicha fórmula según diversos escenarios, a  modo de ejemplo. La cláusula 3.3.10 se refiere a la TAE, no se contienen en  ella explicaciones que permitan entender cómo funciona dicha TAE en la  modalidad revolving, ni si existe o no capitalización de los intereses para las  siguientes cuotas. 

Las hipótesis y el funcionamiento del contrato para el caso de que se  seleccione la modalidad revolving tampoco se encuentran explicadas de un  modo claro, diferenciado, resaltado, y mediante un lenguaje comprensible  para un consumidor medio ajeno a este tipo de productos financieros.  Aunque se prevean las modalidades de reembolso en la cláusula 3.3.5, en la  relativa a la modalidad revolving, no se explica al consumidor de un modo  que esté a su alcance, de qué se conforma la cuota a abonar, qué parte de  capital y de intereses cubriría cada mes, y las consecuencias que tendría el  pago de dicha cuota para la deuda del mes siguiente 

No se ha acreditado por la entidad demandada que el consumidor  tuviese conocimiento de que el pago de las cuotas bajas implica una  prolongación de la deuda y acumulación de intereses.  

Debiendo tener presente en todo momento, que el contrato de autos  se trata de un contrato de gran extensión en que no consta realzada de forma eficaz los apartados que son de interés del cliente, haciendo que la  información pase desapercibida, careciendo el contrato de la transparencia  que es exigible a este tipo de operaciones y que hace que el mismo deba ser  considerado nulo. 

La parte demandada aporta como doc. 3 bis de la contestación la INE,  en que, si bien es cierto que figura como solicitante el demandante y consta  su firma en dicho documento, figura fechada en el mismo día en que se firma  el contrato, sin que se haya acreditado por la demandada la entrega de dicho  documento con carácter previo a la firma del contrato, incumplimiento por  tanto la previsión contenida en el art. 60 TRLGDCU, puesto que nada acredita  que el consumidor haya dispuesto de dicha información con carácter previo  a firmar el contrato y por tanto quedar vinculado por la obligación suscrita. 

Dicha falta de transparencia no se subsana mediante la utilización  prolongada de la tarjeta ni el envío de los extractos mensuales (doc. 7 de la  contestación), ya que por el simple hecho de que el consumidor emplee dicho  producto financiero, no se acredita que conozca su complejo funcionamiento,  sino que actuaba confiando en la información suministrada en el momento  de suscripción del contrato, desconociendo los riesgos del funcionamiento  del crédito, de los que no fue advertido en base a la información contractual  suministrada. Además, corresponde a la entidad financiera acreditar que el  consumidor tuvo conocimiento de su funcionamiento y del interés  remuneratorio que le supondría la suscripción del contrato, en el momento  de la contratación, en base a la información otorgada por la parte demandada  que debe ser clara y transparente, extremos que no resultan acreditados en  base a todo lo anteriormente expuesto. Es decir, como establece el TS en las  sentencias anteriormente citadas, la información relativa al tipo de interés  debe facilitarse con anterioridad a la celebración del contrato, de conformidad  con el art. 60 TRLGDCU en la redacción vigente a fecha del contrato, de modo  que el consumidor pueda conocer las consecuencias económicas del producto  que contrata y comparar otras opciones en el mercado, extremos todos ellos que no han resultado acreditados por la demandada, y se encuentran lejos de  subsanarse por el hecho de que la parte actora hiciese uso de la tarjeta, que  no implica que conozca y comprenda el complejo sistema de funcionamiento  del tipo de interés. 

En consecuencia, la falta de transparencia conlleva las consecuencias a  las que alude la STS 705/2015, de 23 de diciembre, FJ 4º: “El art. 4.2 de la  Directiva 1993/13/CEE conecta esta transparencia con el juicio de abusividad  (« la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a […]  siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible »),  porque la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en  perjuicio del consumidor, consistente en la privación de la posibilidad de  comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado y de hacerse  una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener la  prestación objeto del contrato según contrate con una u otra entidad  financiera, o una u otra modalidad de préstamo, de entre los varios ofertados.  

Por tanto, estas condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el  defecto de transparencia provoca subrepticiamente una alteración, no del  equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con carácter general no es  controlable por el juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación,  es decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en atención a las  circunstancias concurrentes en la contratación.” 

De este modo, al no considerarse transparente dicha cláusula, debe  considerarse abusiva, al ocasionar un desequilibrio entre las partes debido a  la incomprensibilidad de la misma. El cliente no puede conocer los riesgos  que entraña este sistema de amortización mediante la lectura de las  condiciones redactadas en el contrato. En este sentido, la STS 154/2025  dispone: “en el caso de las tarjetas revolving, la falta de transparencia de la  cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema  de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para  el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que  entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las  de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede  tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos  venido en llamar un «deudor cautivo» y el Banco de España denomina «efecto  bola de nieve»” 

Dada la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios, de  conformidad con el art. 83 TRLGDCU, ello da lugar a la nulidad del propio  contrato originario, al considerarse esta cláusula un elemento esencial del  mismo, tal y como se ha establecido en sentencias como la SAP Madrid  178/2023, de 23 de junio, SAP Alicante 184/2023, de 31 de marzo, o la STS  897/2023, de 06 de junio. Todo ello de conformidad con lo establecido en el  art. 10 LCGC. Por tanto, declarada la nulidad de la cláusula de interés  remuneratorio y de la totalidad del contrato, carece de sentido entrar a  efectuar el control de transparencia respecto de las otras dos cláusulas  impugnadas, puesto que la nulidad del contrato conlleva la nulidad de la  totalidad de sus cláusulas. 

Declarada por tanto la nulidad de dicha cláusula, y por tanto del  contrato, se producen los efectos del art. 1303 del Código Civil, que dispone:  “Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse  recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus  frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos  siguientes.” 

Ello conlleva la condena de C. PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C.,  E.P., S.A.U. a estar y pasar por los efectos legales inherentes a la declaración  de nulidad del contrato, es decir, la restitución recíproca de las prestaciones,  debiendo D. R. A. D. R. restituir el capital del que ha  dispuesto, y C. PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U. restituir  a la parte actora las cantidades cobradas por intereses y en su caso por  comisiones de reclamación y otras cantidades que excedan del capital prestado del que haya dispuesto la actora, todo ello a determinar en ejecución  de sentencia, sobre la base de contabilizar las sumas reales que haya abonado  la parte demandante durante la vigencia del contrato y su diferencia con el  capital efectivamente dispuesto, incluidas las cantidades posteriores a la  novación, en base a lo que se expone respecto de la misma en el fundamento  siguiente.  

Cantidad que deberá restituirse con los intereses legales desde la fecha  de cada uno de los pagos (STS 725/2018, de 19 de diciembre). 

CUARTO.- En cuanto a la modificación contractual alegada de  contrario, la parte demandada presenta como doc. 4 de la contestación, el  contrato que fue modificado. En este sentido, si atendemos al documento,  observamos que se trata de una modificación de las condiciones, al incluir al  inicio del mismo el siguiente inciso: “Los importantes cambios producidos en  el marco que regula la prestación de los servicios financieros vinculados a su  tarjeta de crédito hacen necesaria la revisión de los términos y condiciones  del contrato. Por esta razón, hemos decidido proponerle la actualización de  su contrato […]” 

Este documento supone, más bien, una comunicación informativa  enviada al cliente sobre los cambios y actualizaciones en los términos y  condiciones del contrato, de 24 de octubre de 2020, redactada y comunicada  al cliente de modo unilateral, en tanto que no consta la firma de D. R.  A. D. R, ni tampoco se acredita que este la haya recibido, que  haya abierto dicha notificación, que haya prestado su consentimiento a la  novación, ni que haya tenido conocimiento y comprensión de la misma. La  parte demandada aporta además como doc. 4 bis una captura de pantalla de  la aplicación de la entidad bancaria en que figura que dicha notificación fue  enviada y el demandante podía acceder, pero nada acredita que accediera a  su contenido, que se le avisara de la existencia de dicha comunicación, y que  este manifestase su conformidad. 

Dado que, como se ha expuesto, el contrato originario es nulo, esta  modificación o actualización del contrato deviene también nula y sin efecto,  de conformidad con lo dispuesto en el art. 1208 CC: “La novación es nula si  lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad sólo  pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los actos  nulos en su origen.” 

En relación con ello, la STS 558/2017, de 16 de octubre, dispone que  se trata de una nulidad absoluta apreciable de oficio, y no de una nulidad  cuya causa solo pueda ser invocada por el deudor: “es reiterada la  jurisprudencia del TJUE que declara que esta nulidad es apreciable de oficio  por los tribunales, por lo que no es imprescindible que sea invocada por el  consumidor.  

La STJUE de 14 de junio de 2012, asunto C-618/10, caso Banesto, en sus  párrafos 41 y siguientes, declaró que con el fin de garantizar la protección a  que aspira la Directiva 1993/13/CEE, el Tribunal de Justicia ha subrayado ya  en varias ocasiones que la situación de desequilibrio existente entre el  consumidor y el profesional sólo puede compensarse mediante una  intervención positiva, ajena a las partes del contrato.” 

Este es el criterio seguido también por las Audiencias Provinciales, que  sostienen que si el contrato estaba viciado de nulidad insubsanable, como  concurre también en este caso, no era posible su modificación. Así, la SAP de  Oviedo 496/2024, sección 5ª, de 24 de octubre, FJ 2º: “como declara la STS  de 2-12-2014 la nulidad por usura es radical porque se enfrenta a la moral  y a los límites de la autonomía de la voluntad (art. 1255 del CC), es estructural  y afecta a su causa lo que tanto significa como que el negocio no puede ser  objeto de novación en pos de su sanación pues lo característico de la novación  es la inescindibilidad del acto o negocio novatorio del negocio novado y por  eso que el art.1.208 del CC declara nula la novación si la obligación primitiva  fuera nula salvo su ratificación en referencia a la convalidación del negocio  por confirmación (art. 1309 CC) lo que solo es posible si el contrato reúne los requisitos del art. 1261 (art 1310 del CC) por lo que se ha entendido  constreñido a los contratos anulables y no extensible a los nulos” 

Ello lo recuerda también la SAP Álava 834/2023, de 31 de mayo, FJ 2º: “el Tribunal Supremo nos enseña en Sentencias como las de 4 de  noviembre de 1996, 14 de marzo de 2000, 18 de octubre de 2005 y 9 de  junio de 2020, entre otras muchas, que » la nulidad es perpetua e  insubsanable», » definitiva», y que » el contrato viciado de nulidad absoluta en  ningún caso podrá ser objeto de confirmación». Así se colige del art. 1310 del  Código Civil al establecer que sólo son confirmables los contratos anulables  o viciados de nulidad relativa.” 

En conclusión, declarada como así ha sido la falta de transparencia  de la cláusula de interés remuneratorio y del sistema de amortización  revolving, se produce la nulidad del contrato en su conjunto, por desaparición  de su causa, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 1261 CC, se trata  de una nulidad estructural, radical y originaria. Por tanto, la novación  realizada en octubre de 2020 carece de validez. Por todo lo cual, procede la  estimación de la demanda. 

QUINTO.- Dada la estimación de la demanda, y de conformidad con lo  dispuesto en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone que,  en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán  a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, procede imponer  el pago de las costas del procedimiento a la parte demandada. 

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente  aplicación, 

FALLO 

Estimo la demanda interpuesta por D. R. A. D. R  frente a CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U., y, en  consecuencia: 

1– Declaro la nulidad de la cláusula relativa al interés remuneratorio por falta  de transparencia, y consecuentemente, declaro la nulidad del contrato de  tarjeta revolving, suscrito entre las partes, y  condeno a CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U. a estar  y pasar por los efectos legales inherentes a dicha declaración.  

En consecuencia, D. R. A. D. deberá restituir el  capital del que ha dispuesto, y CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER,  E.F.C., E.P., S.A.U. deberá restituir a la parte actora las cantidades cobradas  por intereses y en su caso por comisiones de reclamación y otras  cantidades que excedan del capital prestado del que haya dispuesto la  actora, todo ello a determinar en ejecución de sentencia, sobre la base de  contabilizar las sumas reales que haya abonado la parte demandante  durante la vigencia del contrato y su diferencia con el capital efectivamente  dispuesto. Estas cantidades devengarán el interés legal desde la fecha de  los pagos. 

2- Condeno a CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U. al pago  de las costas procesales. 

Notifíquese la presente resolución a las partes. Contra esta resolución las  partes podrán interponer recurso de APELACIÓN ante la Audiencia provincial  de Valencia dentro del plazo de VEINTE DÍAS desde el siguiente a la  notificación. Deberán exponer las alegaciones en que se base la impugnación  y citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.  

De conformidad con la Disposición Adicional decimoquinta de la LOPJ  introducida por LO 1/2009, de 3 de noviembre, para la interposición del  referido recurso de apelación será necesaria la previa constitución de un  depósito de CINCUENTA EUROS (50 euros) que deberá ser consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Audiencia Provincial de Valencia,  aportando el documento que acredite la consignación. No se admitirá a  trámite el recurso si no se ha constituido el referido depósito. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Autor: Equipo jurídico de Reclama Abogados publicado en fecha 9 de Noviembre de 2026